El espejismo del derecho a decidir

Tengo la impresión de que tanto el nacionalismo vasco como el catalán están cometiendo el error de dar por supuesto que el Estado ha dejado de ser lo que todavía es. El Estado sigue siendo el marco de referencia para la acción política. Es cierto que el proceso de construcción de la Unión Europea, proceso de constitucionalización incluido, en parte lo debilita, en la medida en que la Unión asume, por decirlo con las palabras de nuestro constituyente, "competencias derivadas de la Constitución" (art. 93). Pero no lo es menos que en parte lo fortalece, en la medida en que el Estado y sólo el Estado es el agente de ese proceso de construcción de la Unión. La Unión Europea no es todavía la Unión de ciudadanos europeos, sino la Unión de Estados europeos. Lo va a continuar siendo durante el tiempo en que es posible hacer predicciones. En consecuencia, el Estado realmente existente, el que está política y jurídicamente ordenado por la Constitución de cada país, es el presupuesto insoslayable de la competición política.

Lo que quiere decir que la Constitución sigue siendo el límite para la acción política. Se la puede reformar pero, mientras no se la reforme, el límite no es traspasable.

Y ese límite, en lo que a la estructura del Estado se refiere, se desdobla en dos exigencias, una respecto a la titularidad y otra respecto al ejercicio del derecho a la autonomía: la unidad política del Estado como presupuesto de la titularidad del derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones" y la necesidad del pacto entre cada "nacionalidad o región" y el Estado para el ejercicio de tal derecho. Esta es la Constitución territorial del Estado. Unidad del Estado y pacto entre el Estado y la "nacionalidad o región" que pretenda ejercer el derecho a la autonomía, a fin de que el ejercicio del derecho no acabe siendo incompatible con el principio de unidad.

El llamado "derecho a decidir", entendido como el derecho de los ciudadanos de una comunidad autónoma a decidir sobre el ejercicio del derecho a la autonomía prescindiendo del pacto con el Estado, no tiene cabida en la Constitución. Ni puede tenerlo. Admitirlo supondría no una reforma de la Constitución, sino un cambio de Constitución.

Con este límite hay que contar a la hora de hacer política. Hasta el momento sólo ha sido cuestionado, y no de manera abierta sino de forma ambigua, por el proyecto de reforma del Estatuto de Gernika aprobado por el Parlamento vasco. Parece que puede ser cuestionado en el inmediato futuro en el País Vasco por parte del PNV y para 2014 en Cataluña por parte de Esquerra Republicana.

Pienso que esto es lo que está detrás de las turbulencias que se vienen produciendo desde hace años en el interior del PNV y que se han expresado esta semana en la renuncia de Josu Jon Imaz a optar a la reelección a la presidencia del partido y en el anuncio de su retirada de la política. Él ha llegado a personificar la tensión entre quienes consideran que el límite del pacto con el Estado, que conlleva, dicho sea de paso, un pacto previo entre nacionalistas y no nacionalistas en el interior del País Vasco, no puede no ser aceptado y quienes consideran que la propuesta política nacionalista tendría que hacer abstracción de dicho límite y formularse como si no existiera.

Se trata de dos propuestas entre las que es muy difícil alcanzar un compromiso. De ahí que la renuncia de Josu Jon Imaz deba ser interpretada como una maniobra para intentar ganar tiempo y retrasar en lo que se pueda la decisión sobre la propuesta nacionalista respecto de la articulación del País Vasco con el Estado.

En mi opinión, cualquier propuesta que prescinda del límite constitucional es un espejismo, que puede conducir nada más que a la frustración. No solamente dividiría a la sociedad vasca entre nacionalistas y no nacionalistas, de manera además distinta en cada una de las provincias, sino también, por lo que se ve, al propio nacionalismo. La renuncia de Josu Jon Imaz ha evitado esto en el interior del PNV. ¿Por cuánto tiempo?