La Generalitat apunta a Iberdrola como responsable del fuego que arrasó L'Alcalatén

El Consell apuntó ayer a la compañía eléctrica Iberdrola como responsable del incendio que asoló más de 7.000 hectáreas de monte de L'Alcalatén el pasado 28 de agosto. El Ejecutivo que preside Francisco Camps decidió ayer abrir expediente sancionador contra Iberdrola Distribución Eléctrica y la subcontratista Montajes Eléctricos Montelpa, SL, por presunta infracción de la ley Forestal en materia de seguridad y prevención de incendios forestales.

Según las investigaciones realizadas por los técnicos de la Generalitat y la Policía Autonómica el incendio que afectó a seis términos municipales de L'Alcalaten se inició por los trabajos de mantenimiento de una torre eléctrica. "Para la realización de los trabajos se utilizó una radial que no disponía de las defensas correspondientes para evitar el salto de chispas o proyectos incandescentes, que causaron la ignición de los combustibles forestales que se encontraban en la proximidad y pie de la torre", señala la nota del Consell, que advierte que la sanción a las empresas infractoras puede oscilar entre los 18.000 y los 180.000 euros.

El vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps, que ayer ejerció de portavoz, indicó que la instrucción del expediente administrativo irá pareja a las actuaciones judiciales. "El expediente puede acabar concluyendo que no hay responsabilidad, que hay una responsabilidad administrativa o que hay responsabilidad administrativa con calificación como delito, con lo cual se trasladaría a la fiscalía", argumentó Camps.

El consejero de Economía rechazó la idea de que la Generalitat se persone ya en los tribunales contra las empresas supuestamente responsables del incendio de L'Alcalatén. "Si la Generalitat acudiera directamente a los tribunales estaría faltando a su responsabilidad administrativa", indicó Camps.

Malestar municipal

La posición de la Generalitat no ha sido bien acogida por los alcaldes de los seis municipios afectados por el incendio, informa María Fabra. Todos ellos consideran que la Generalitat valenciana debería personarse en la querella, al margen del procedimiento administrativo que ya ha iniciado. Según el alcalde de Costur, Gonzalo Centelles, que hace de portavoz de los afectados, "la sanción que puedan imponer a las empresas no es comparable con el daño que el fuego ha hecho en la comarca". Por eso, los alcaldes de la comarca consideran que, además de la vía administrativa, la Generalitat debería acudir, junto a los municipios, para buscar responsabilidades por la vía penal.

La que, de momento, parece una negativa del Consell fue distinta a la expresada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien aseguró que los servicios jurídicos estudiarán si la institución se persona también en la vía judicial en nombre de los ayuntamientos afectados.