El Gobierno le sostiene el pulso a Barberá por el control de la Copa

El Gobierno le sostiene el pulso a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por la presidencia del Consorcio Valencia 2009, encargado de organizar las regatas de la Copa del América. La vicepresidencia económica del Gobierno remitió ayer un escrito a la alcaldesa en el que señala que su propuesta de mantener operativo el actual organismo es jurídica y técnicamente inviable. Barberá, que no está dispuesta a compartir la presidencia del nuevo Consorcio, y el Consell amenazaron con pagar el canon a la empresa de las regatas, America's Cup Management (ACM), al margen del futuro ente.

Las administraciones del PP rechazan la presidencia por turnos en el organismo

Barberá insiste en presidir en solitario el nuevo Consorcio y rechaza de plano la intención del Gobierno de introducir un sistema rotatorio, que refleje el peso del Gobierno central en la organización de la prestigiosa regata. La alcaldesa expresó su malestar por el rechazo de la propuesta, realizada de manera conjunta con el Consell, para mantener operativo el Consorcio Valencia 2007 hasta que se alcance el acuerdo sobre el nuevo organismo. Esa posibilidad ya se descartó el pasado mes de julio, cuando las tres Administraciones firmaron con ACM un precontrato después ratificado con el compromiso de crear el nuevo Consorcio, precisamente porque no era viable jurídicamente mantener el organismo de 2007 para hacer frente a las nuevas obligaciones.

Para la alcaldesa, las presidencias las dan los votos y, aseguró Barberá, ella ha sido votada masivamente por los valencianos. Además, la alcaldesa dice que una presidencia rotatoria en el nuevo Consorcio "perturbaría el trabajo del ente porque el presidente podría cambiar el director general o las directrices".

El Gobierno, por el contrario, sostiene que su aportación en la Copa del América ha de visualizarse para que los valencianos conozcan la implicación del Estado, y la forma es una presidencia por turnos. En su respuesta a las Administraciones del PP, el Ejecutivo argumenta que ha incorporado "muchas de las observaciones hechas a los nuevos estatutos [del Consorcio 2009] y no entiende cómo el tema de la presidencia "puede estar obstaculizando el correcto cumplimiento" de las obligaciones con ACM. En esa línea, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, afirmó que se ha ofrecido "permanentemente" colaboración y que la negociación sigue abierta. El tiempo, no obstante, apremia. El primer plazo a ACM debe pagarse el día 19.

Barberá acusó al Gobierno de imponer sus tesis y recalcó que, en su opinión, "siempre que se haga frente a las obligaciones" con ACM es posible mantener operativo el actual Consorcio, hasta que las tres Administraciones lleguen a un acuerdo.

El Gobierno replica con el mismo argumento y señala que no hay ningún problema para constituir el nuevo Consorcio y seguir negociando una vez abonado el primer plazo del canon a ACM para celebrar en Valencia la 33 edición de la Copa del América. El Ejecutivo advirtió el martes de que si el pago del canon no se realiza a través del Consorcio Valencia 2009, las Administraciones están obligadas a desembolsar el 16% del IVA. Un extremo que a Barberá, y por extensión al Consell, no parece importarle. Es más, acusó al Gobierno de expoliar a los valencianos. Según su argumentación, en el pago del primer plazo, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia tendrán que abonar íntegramente todo el IVA, que supone algo más de 10 millones de euros. "¡En lugar de traer dinero, se lo llevan! El Estado viene a aprovecharse de los valencianos", dijo la alcaldesa, quejosa por tener que pagar el IVA.

La primera munícipe de Valencia acusó al Gobierno de no querer cambiar los estatutos del actual Consorcio para prolongar su vigencia y rechazó el argumento de que no es posible jurídicamente. Según Barberá, el Ejecutivo socialista miente porque sí autorizó la emisión en abierto de Canal + y su cambio de denominación a Cuatro con el argumentos de defender los intereses públicos.

Por otra parte, el comité ejecutivo regional del PP se reunió ayer y nombró al actual portavoz de la campaña electoral, David Serra, nuevo vicesecretario. En la misma reunión, la dirección de los populares valencianos nombró a Mateo Castellà secretario ejecutivo de Libertades Pública y Justicia en sustitución del ex diputado zaplanista Manuel Gómez, que se ha dado de baja del partido. En al reunión Camps pidió a sus cargos que logren en las generales los mismos diputados que en los comicios del año 2000.