Chaves afirma en el Parlamento que la ley de Vivienda se aplicará en 2008

Por tres veces y para borrar cualquier sombra de duda de que la ley del Derecho al Acceso a la Vivienda va a ser una prioridad, Manuel Chaves aseguró ayer en el Parlamento andaluz que "estará en vigor en 2008", es decir, el primer año de la próxima legislatura. Ante las críticas de electoralismo formulada desde varios frentes, dirigentes del PSOE abogaron por presentar ya el proyecto de ley, pero Chaves lo ha descartado.

Fuentes del Gobierno andaluz y del PSOE admitieron ayer que dirigentes socialistas eran partidarios de incluir en la agenda legislativa para los cuatro meses que restan la ley de la vivienda, apurando aún más el apretado calendario de 15 leyes pendientes de aprobación. De esta forma, opinaban los defensores de forzar la maquinaria, se combatiría las críticas de electoralismo dirigidas al Ejecutivo autonómico.

Chaves pidió un "informe de situación" de la ley a la Consejería de Obras Pública y se ha decantado por esperar a la próxima legislatura, según fuentes del Gobierno. Además, la consejería espera tener en el plazo de un año el mapa de la situación real por municipios que le ha encargado al Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Eso sí, la ley del Derecho al Acceso a la Vivienda será de las primeras que entren en la Cámara autonómica si el PSOE, como espera y apuntan las encuestas, vuelve a ganar las elecciones autonómicas de marzo de 2008.

Este proyecto de ley centrará gran parte de la intervención de Manuel Chaves en el comité director del PSOE de Andalucía, en el que se abrirá el proceso de designación del candidato a la Junta. También en la reunión del Consejo Territorial, en el que están presentes alcaldes y presidentes de diputaciones. Según fuentes socialistas, el presidente tiene previsto avanzar concreciones presupuestarias del coste de esta medida, otro de los reproches que ha cosechado el anuncio del Gobierno.

Hasta en tres ocasiones, Chaves aseguró en la primera sesión de control del Parlamento tras las vacaciones de verano, que la ley de Vivienda "estará en vigor en 2008". En respuesta a la portavoz de Izquierda Unida, Concha Caballero, Chaves contestó: "En el 2008, después del Pacto por la Vivienda que hemos iniciado, esa ley estará en vigor y todos los ciudadanos andaluces que tengan ingresos familiares por debajo de los 3.000 euros brutos que no tengan vivienda tendrán derecho al acceso a la primera vivienda. Lo digo así de claro, para que usted se entere".

Caballero le apremió a llevar al Parlamento sus promesas para que "las cosas que se vayan a hacer se hagan de verdad" y no queden como leyes "virtuales". También la portavoz del Partido Popular, Teófila Martínez, mostró su descreimiento sobre el cumplimiento de la propuesta. "Ustedes optan por tapar la realidad con anuncios populistas e irrealizables", aseguró.

Chaves criticó la pobreza de los argumentos del PP para cuestionar la medida que consideró pocos rigurosos, "frívolos" y "groseros". También acusó a los populares de "mentir a los andaluces" cuando afirman que la ley supondrá que el 94% de los andaluces van a tener una vivienda gratis.

El cálculo de la Administración es que es necesario construir en los próximos 10 años unas 300.000 viviendas protegidas para otras tantas familias que cumplirían con los requisitos previstos en el anteproyecto de ley.

- Inversiones del Estado. El debate de la vivienda eclipsó el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos central y andaluz sobre el cálculo que se empleará en los Presupuestos Generales del Estado para que las inversiones de 2008 sean similar al peso de la población andaluza (17,8%), como mandata el Estatuto. Se computará, según informó el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, "el total de la inversión real del sector público estatal" territorializable, incluidas las empresas y fundaciones públicas. La novedad de este acuerdo es queda fuera de esta casilla los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Esta cantidad para este ejercicio es de 457 millones de euros y se utilizó por parte del PSOE hace un año para disimular que la inversión estatal prevista de las partidas regionalizadas era nueve décimas menos que el peso de la población andaluza en el conjunto nacional.

- Licenciados. El Parlamento comunicó ayer al diputado del PP José Luis Rodríguez que no guardaba la nota en la que éste hizo constar que tenía "estudios de Derecho" en vez de una licenciatura como figura en la guía oficial, según contó el propio diputado. Rodríguez mostró otra nota en la que hacía constar su profesión como empleado de banca. El Parlamento se limitó a informar de que reproduce lo que le dan los diputados. En la página web del PP, Rodríguez aparece también como licenciado en Derecho.