El fiscal solicita entre 10 y 15 años para 22 cargos electos de Udalbiltza
Considera a esa organización sucesora de la ilegalizada Batasuna
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer penas de entre 10 y 15 años de prisión para 22 integrantes de Udalbiltza Kursaal, la asamblea de electos de la izquierda abertzale creada en febrero de 2001. Udalbiltza, según el escrito presentado ayer al tribunal, "constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de Ekin y del suspendido e ilegalizado partido político Batasuna".
Para el fiscal, ETA y la izquierda abertzale han tenido que hacer frente a las ilegalizaciones y suspensiones de actividades decretadas judicialmente contra sus estructuras, como Ekin-KAS, Batasuna, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras pro Amnistía-Askatasuna. Algunas han trasladado sus sedes al sur de Francia para dar continuidad al entramado del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y revitalizar su proyecto de construcción nacional.
El fiscal considera que Udalbiltza Kursaal ha pretendido jugar precisamente en ese ámbito un papel primordial, ya que dependiendo directamente de ETA, ha redefinido las actividades de Ekin para "cubrir el vacío en el frente institucional" de la organización terrorista tras la suspensión de actividades de HB-EH-Batasuna.
El fiscal estima que Udalbiltza, "como encarnación del proyecto revolucionario de ETA, conlleva el desarrollo y cumplimiento de los puntos del plan diseñado" para "no solo burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales que aseguren la presencia de ETA-Ekin en todos los municipios, sino que continúen como base económica y política de la propia plataforma Udalbiltza y constituyan el embrión del futuro partido político que podría sustituir a Batasuna y Sozialista Abertzaleak".
Responsables
Los responsables reales de Udalbiltza, según la fiscalía, son: Xabier Alegría, que ha sido juzgado en el sumario de Ekin también por delito de pertenencia a banda terrorista; Miren Karmele Urbistondo, que era concejal en el Ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa); Miriam Campos, que también fue juzgada en el caso Ekin por su vinculación con el área de relaciones internacionales de Xaki; Leire Idoiaga, Oskar Goñi, que era concejal en Vera de Bidasoa (Navarra) y Larraitz Sanzberro, concejal en Oiartzun (Guipúzcoa).
No obstante, el fiscal acusa a 22 dirigentes de Udalbiltza por un delito de pertenencia a banda terrorista por lo que solicita 10 años de prisión para cada uno. Cuatro de ellos, Xabier Alegría, Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa y Xabier Iragorri están acusados también de malversación de caudales públicos, lo que supone una petición adicional de cinco años de prisión.
Por otro lado, Francia entregó ayer temporalmente a tres etarras. Se trata de Juan Carasatorre, miembro del comando Donosti y presunto asesino del dirigente del PP Gregorio Ordóñez; Javier Abaunza, que fue miembro del comando Madrid y Manex Zubiaga, del comando Buruhauste.
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