La propietaria del solar de reganosa tenía de socio a un conselleiro del PP

Reganosa compró los terrenos donde se ha levantado la planta de gas de Ferrol a una empresa participada por el ex conselleiro de Economía del PP José Antonio Orza. En el momento de la operación, este ex miembro del Gobierno de Manuel Fraga era socio de la propietaria del solar, Forestal del Atlántico, a través de una sociedad denominada Industrias del Tablero, SA (Intasa). Orza intervino en la transacción por partida doble: como socio de la firma que vendió la parcela y como responsable de Economía de la Xunta, que posee el 10% de la empresa que la adquirió.

La compraventa del solar para construir la regasificadora dentro de la ría de Ferrol se realizó en 2001. El 23 de marzo de aquel año el consejo de administración de Reganosa aprobó una ampliación de capital de 6 millones de euros que dio entrada a los socios que participan del proyecto de la planta, entre ellos la Xunta. La empresa promovió además aquella operación financiera para "asumir las inversiones necesarias para la adquisición de terrenos en Punta Promontorio (Mugardos)", según consta en el Registro Mercantil.

La parcela elegida era propiedad de Forestal del Atlántico, una empresa integrada en el Grupo Tojeiro de la que el entonces conselleiro de Economía tenía participación. José Antonio Orza era socio de Forestal a través de Intasa, una sociedad integrada en el accionariado de la propietaria de los terrenos y en la que el ex miembro del Gobierno gallego tenía participación. Intasa posee el 31% de Forestal, según el último apunte al respecto recogido en el Registro Mercantil en 1996.

La elección de esta ubicación para la planta es la razón que ha motivado el movimiento ciudadano contra la regasificadora. Tanto el Comité Cidadán de Emerxencia da Ría como el PSdeG y el BNG se opusieron entonces al proyecto porque consideraban un error emplazar el complejo en los terrenos comprados a Forestal. Esta localización obliga a los gaseros a sortear la estrecha y poco profunda ría de Ferrol para descargar su mercancía en Reganosa. Los opositores a este emplazamiento siempre han defendido como alternativa el puerto exterior de Caneliñas que esta semana ha empezado a operar.

La implicación de Orza desde la Xunta en promover una regasificadora dentro de la ría fue importante, como empresario y como conselleiro. El entonces responsable de Economía presidió el grupo de trabajo que desde abril de 2000 se encargó de dirigir los trabajos para integrar a la Administración autónomica y al resto de los socios privados en Reganosa, una sociedad que había creado el empresario Roberto Tojeiro un año antes. Cuando Tojeiro fundó la promotora de la planta, Orza también tenía participación en ella, ya que Forestal del Atlántico era accionista.

Orza fue nombrado conselleiro por Manuel Fraga en 1990. Entonces, era socio de Roberto Tojeiro en varias sociedades -Forestal del Atlántico, Imegasa e Intasa- y formaba parte de sus consejos de administración. Cuando entró en el Gobierno gallego renunció a esos puestos, pero no se desprendió de una participación de casi el 1% en Intasa.

Intasa fue una de las empresas que más préstamos y avales recibió de la Xunta a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la consellería que dirigió Orza. Según un informe del Consello de Contas de 1996, es una de las siete sociedades a las que este organismo prestó más dinero. El órgano fiscalizador apreció entonces "cierta concentración" en los préstamos otorgados "a algunos sectores de la economía gallega, entre ellos el maderero". En aquella lista de firmas beneficiadas por préstamos del Igape también está Forestal del Atlántico.

En 1996, Intasa fue, con Forestal del Atlántico, una de las 11 empresas que recibió un aval del Igape para realizar inversiones. El Consello de Contas revela en su informe que las sociedades del Grupo Tojeiro "acaparan" un 30% de estas ayudas públicas. El órgano fiscalizador advierte una irregularidad: "En la totalidad de las operaciones de aval el Consello de la Xunta exime a las empresas de prestar garantías. Sin embargo, no aparece justificada en el expediente la motivación que conlleva la adopción de esta medida excepcional".