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Vecinos de Elche exigen la demolición de una planta de basura tras su ilegalización

La Diputación y 10 alcaldes del Vinalopó preguntan al Supremo cómo ejecutar la sentencia

Varapalo judicial a diez municipios del Vinalopó, la Diputación de Alicante y la Generalitat. Los dos primeros estudian cómo ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica otra del TSJCV de 2003 que declara ilegal la planta de residuos sólidos urbanos de la sierra de Els Cremats, situada en Elche. La planta trata la basura de 10 municipios. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Los vecinos afectados que iniciaron el proceso judicial piden su inmediata demolición y el restablecimiento del entorno. Además, van a solicitar indemnizaciones.

La Generalitat autorizó su instalación y la Unión Europea pagó el 70% de la obra

Los afectados confían en recuperar "la calidad de vida" que tenían antes

Los vecinos de la Sierra dels Cremats, en Elche, llevan diez años pleiteando contra la instalación de esta planta de residuos con el argumento de que su ubicación incumplía la normativa de actividades molestas al estar situada a menos de 2.000 metros de un núcleo habitado. La planta, según el Tribunal Supremo, incumple este requisito. Los vecinos afectados explicaron ayer que han podido demostrar que hay más de 700 viviendas inscritas en el catastro y dentro de ese perímetro y llegaron a precisar que hay hasta una docena de viviendas a menos de 300 metros.

Tras una década de protestas y pleitos ayer rebosaban alegría por la sentencia. "[El fallo] Demuestra cómo humildes ciudadanos podemos luchar contra el monstruo de la Administración", dijo el presidente de la Asociación de Vecinos Afectados por la Planta de Basuras, Enrique Rodríguez. Los vecinos recordaron que siempre se les ha negado la existencia de olores y manifestaron que siguen viviendo con puertas y ventanas cerradas.

Ahora confían en "recuperar la calidad de vida que teníamos en estas urbanizaciones residenciales". El presidente de Bonavista, una de las urbanizaciones afectadas, Vicente Marco lamentó el comportamiento de algunos políticos, que según dijo "se han reído de nosotros". Marco aseguró, que desde el proyecto inicial la planta debía estar completamente cerrada. Otro vecino, Quito Soler, que fue el primer presidente de los vecinos afectados, responsabilizó directamente al anterior alcalde de Elche, el socialista Diego Macià y al entonces concejal de Medio Ambiente, de Esquerra Unida, Joan Antoni Oltra. "Estos señores, contra viento y marea, nos colocaron esta planta", afirmó.

La Asociación de Afectados recordó además que en la zona existe un acuífero, el más importante del sur de la Comunidad Valenciana que se puede ver afectado por filtraciones.

El abogado de los vecinos, Diego García, informó de que lo más inmediato ahora es solicitar el cierre de la planta, la demolición de todo, el restablecimiento del entorno y que "antes de nada, se instale en la puerta un cartel que anuncie obra ilegal, tal y como el Ayuntamiento hace con los particulares". García explicó además que se van a solicitar indemnizaciones por los años de olores padecidos "y por aquellos vecinos que han malvendido sus casas".

La planta de basuras nunca ha funcionado a pleno rendimiento por las molestias que desde el principio causaba a los vecinos. Está gestionada por un consorcio en el que participan diez municipios de las comarcas de El Baix Vinalopó y La Vega Baja, y la Diputación de Alicante. La Generalitat también participó en el proceso judicial al ser parte interesada y autorizar su instalación. Actualmente, el 80% de los residuos que trata pertenecen a Elche. De momento, pese a la sentencia, la planta sigue trabajando.

La euforia de los vecinos contrastó con la preocupación e incertidumbre de los políticos. El concejal de Limpieza en Elche, José Manuel Sánchez, recordó que existe otra sentencia del TSJCV de 2004 que declara legal la licencia de instalación de la planta "por lo que ante ambas sentencias vamos a instar al consorcio a que plantee un incidente de ejecución de la del Supremo para conocer la forma más correcta de ejecutarla". Desde el Ayuntamiento se recordó además que siempre se han preocupado por los vecinos y fue el propio Consistorio quien instó al consorcio para que se dejara de hacer compostaje hasta que la Diputación de Alicante no acometiera el cerramiento integral de la instalación. Además, se siguen realizando mediciones en 13 puntos distintos para comprobar que no se emiten olores.

La planta de residuos sólidos urbanos fue inaugurada el 19 de julio de 2001 por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que afirmó que esta infraestructura "tiene un papel importante que jugar en la nueva filosofía de respeto ambiental y, sobre todo, de eliminación de los residuos sólidos urbanos". El coste de la obra fue de 2.100 millones de las antiguas pesetas y estuvo financiada en su mayor parte por la Unión Europea, que pagó un 70%. El resto, unos 355 millones, fue sufragado por los municipios a los que da servicio, proporcionalmente según el número de habitantes.

La planta recoge los municipios de: Elche, Aspe, Hondón de las Nieves, La Algueña, Hondón de los Frailes, Monforte, Novelda, La Romana y Santa Pola. Crevillent, que también forma parte del consorcio, nunca ha llegado a llevar las basuras allí. Su capacidad estimada es de 45.000 toneladas de basuras al año, aunque nunca ha llegado a funcionar a pleno rendimiento. De hecho, desde el año 2002 el compostaje, es decir, la materia orgánica que se separa del resto de desechos como el vidrio, el papel o cartón y los envases, se envía a la planta de Villena en camiones que paga el consorcio, con el consiguiente incremento del presupuesto. En esta planta es donde con esta materia, tras un tratamiento, se hace compostaje que se utiliza entre otras cosas para abono. La planta de Elche nunca ha llegado a cerrar el ciclo del tratamiento de los residuos sólidos al no poder hacer este último paso debido a los olores que molestaban a los vecinos.

La polémica de una planta de residuos

La planta de El Baix Vinalopó fue inaugurada por Zaplana en 2001 y costó 12,6 millones de euros.

Los afectados denunciaron olores y molestias por estar a menos de 2000 metros de sus casas.

El TSJ declaró ilegal en 2003 su ubicación próxima a 700 viviendas.

La planta nunca ha funcionado al 100%.

Diez municipios tratan la basura en esta planta que tiene una capacidad de 45.000 toneladas anuales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de septiembre de 2007

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