Los tarraconenses se rebelan en masa contra el plan general de Urbanismo de la ciudad

Los ciudadanos de Tarragona se han rebelado masivamente contra el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Tarragona, que aprobó el anterior equipo de gobierno de la ciudad (CiU y PP) en vísperas de las municipales por un ajustado margen de 14 votos contra 13 (PSC, ERC, IC V). La oposición votó en contra. Ahora es la ciudadanía la que se ha enfrentado al proyecto, con la presentación de 4.387 alegaciones.

La reacción es inusual. Lo reconoce el teniente de alcalde de Urbanismo, Josep Lluís Navarro, quien advierte de que si en Tarragona hay 120.000 habitantes y calculamos una media de tres personas por familia, significa que de los 40.000 núcleos familiares resultantes, uno de cada diez rechaza tan contundentemente el plan que se ha movilizado para redactar y presentar las miles de alegaciones.

Se jugaban su casa. Así lo explica Santiago Blanco, portavoz de las diversas asociaciones de afectados por las expropiaciones, unidas para ganar fuerza. Muchos de los afectados son matrimonios de jubilados que han tenido que desembolsar 170 euros de una pensión de 600 mensuales para pagar abogados. En Torreforta, uno de los barrios obreros más antiguos y poblados, estaba previsto derribar prácticamente una hilera completa de viviendas de la calle de entrada. En el centro urbano, el POUM prevé derribar bloques enteros de viviendas casi nuevas, algunas construidas hace apenas 30 años.

Entre los casos impactantes, destaca el de un matrimonio con cuatro hijos que compró su vivienda en la carretera de Valls por 240.000 euros en enero después de haberse informado de que la casa estaba limpia de cualquier carga. A los seis meses se enteró de que pertenece a una de las áreas que el plan de urbanismo prevé derribar. Otro matrimonio de Riaño compró su casa con el dinero de la expropiación y la nueva también se proyecta derribar. Los afectados advierten de que, pase lo que pase, sus viviendas en el presente han perdido ya su valor.

El actual alcalde, el socialista Josep Félix Ballesteros, y su concejal de Urbanismo han prometido a los afectados que el POUM será "sustancialmente" reformado. Además, Navarro se compromete a informar zona por zona a los afectados por cada plan parcial. También se muestra decidido a pactar con la actual oposición, responsable del plan, porque cree que un proyecto de estas características es una hoja de ruta que tiene una vigencia para 25 o 30 años.

Además de la coordinadora de ciudadanos afectados en sus viviendas, se ha creado otra de tarraconenses que defienden la preservación de zonas naturales, que son públicas. Marc de Jesús, representante de esta coordinadora (Retirem el POUM), indicó que el plan es clasista, poco respetuoso con el medio ambiente y sin visión de futuro, al no tener en cuenta los grandes problemas que acechan a una "ciudad que forma parte de un planeta", e ignora el cambio climático.

De Jesús concretó que el POUM sigue distribuyendo las viviendas en guetos: las más pequeñas y de protección oficial las ubica frente al polígono petroquímico, mientras que los chalets de 125 metros cuadrados los instala en la llamada corona verde, junto a un acueducto romano popularmente conocido como Puente del Diablo. Estos chalets ocuparían 5,22 kilómetros cuadrados de lo que actualmente son bosques de pinos. Consideran insuficiente pasar del 25 al 30% las viviendas de protección oficial que proponen los socialistas.

Retirem el POUM también se opone al proyecto de aumentar el suelo dedicado a los polígonos de ocio (con cines, restaurantes y grandes superficies) fuera del centro urbano, a los que no se puede acceder sin un coche.