La causa contra Intervida recae por reparto en el juzgado de Garzón

La querella por presunto fraude cometido por los gestores de la Fundación Intervida en el apadrinamiento internacional de niños, de la que se inhibió la semana pasada la juez de instrucción número 17 de Barcelona, correspondió ayer por reparto al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Baltasar Garzón. Antes de iniciar las investigaciones, Garzón dará traslado al fiscal para informe de si la Audiencia Nacional es competente para tramitar la querella.

El pasado 17 de agosto, la juez de instrucción número 17 de Barcelona se inhibió en favor de la Audiencia Nacional alegando que la complejidad de la investigación podía generar dilaciones indebidas, habida cuenta de que las personas afectadas por la estafa están repartidas por toda España. Antes de inhibirse, la juez intervino cinco fundaciones y dos asociaciones que formaban parte del entramado de Intervida, y destituyó a todos sus patronos, gestores y directivos.

Según la querella presentada por Anticorrupción, "la única actividad real que ha realizado y realiza la fundación privada Intervida es captar dinero de los padrinos y transferirlo a asociaciones creadas en los países del Tercer Mundo". La fiscalía ha cifrado en unos 193 millones de euros el alcance de la estafa y dice tener la certeza de que el dinero se utilizó para invertir en negocios inmobiliarios y en banca en América Latina.

Actividades "sangrantes"

Tras practicar las primeras diligencias, la juez de Barcelona señaló en su auto de inhibición que el objetivo de los querellados era obtener grandes cantidades de dinero a través de un complejo entramado de fundaciones y sociedades en España, Perú y Guatemala "para destinarlo al mundo empresarial, y más concretamente, a los sectores de la construcción, inmobiliario y bancario". La juez destacó también "la sangrante creación de colegios de élite, y no precisamente para menores desfavorecidos en Guatemala, Las Lagunas, San Mateo y en Perú".

La querella se dirigió contra seis personas, tres de las cuales fueron máximas responsables de Intervida: Eduardo Castellón, Rafael Puerta y Francisca Ruiz, a los que Anticorrupción acusa de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y asociación ilícita. Intervida subrayó ayer en un comunicado que esas personas "ya no pertenecen a Intervida" y que no se está juzgando a la entidad en la actualidad, sino a determinadas conductas individuales del pasado.

Intervida es la tercera ONG más importante de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas. Sus ingresos proceden de los fondos que aportan las 346.561 personas que colaboran con la entidad y que pagan 21 euros mensuales para contribuir a la construcción de escuelas, hospitales, casas de acogida o alimentos y medicinas.