Tráfico pide revisar los límites de velocidad máxima en 205 tramos con radar

La inminente reforma del Código Penal castigará con penas de cárcel a los conductores que superen la velocidad máxima en 80 kilómetros por hora. Para evitar sanciones inmerecidas, la Dirección General de Tráfico (DGT) quiere comprobar que los límites de 205 tramos controlados con radares se ajustan a la realidad. El pasado fin de semana fue el primero de agosto con menos víctimas que en 2006: 20 muertos frente a 22.

¿Desconfían los responsables de Tráfico de los límites de velocidad establecidos en las carreteras españolas? ¿Han detectado errores garrafales en las señalizaciones de tramos concretos? Tampoco es para tanto, "pero revisar nunca está de más", advirtió ayer el subdirector de Circulación de la DGT, Federico Fernández, que considera que no vendría mal que las administraciones realizaran estas comprobaciones de vez en cuando para ajustar, al alza o a la baja, los límites a las necesidades reales de cada calzada.

Tráfico ha solicitado la revisión de un total de 205 puntos de la red viaria. De ellos, 127 tienen ya instalado un radar fijo, y en los otros 78 está previsto colocarlo. Quien tiene más trabajo es el Ministerio de Fomento, responsable de 127 de estos tramos. El resto compete a los gobiernos autonómicos, a las diputaciones provinciales y a los cabildos insulares. Sólo se examinarán los puntos en los que la velocidad máxima permitida es inferior al tope establecido para cada tipo de carretera. Es decir, que en una autovía se revisará un tramo en el que está prohibido sobrepasar los 100 kilómetros por hora, pero no cuando el límite sea de 120.

La DGT apeló a la necesidad de garantizar la "seguridad jurídica" de los conductores ante la próxima modificación del Código Penal, que previsiblemente se aprobará en otoño en el Congreso de los Diputados, y que incorpora el delito por exceso de velocidad. Uno de los artículos propuestos establece una pena de prisión de tres a seis meses, además de la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años, para quienes circulen por carreteras excediendo en 80 kilómetros por hora el máximo permitido.

El endurecimiento de las sanciones, según la DGT, obliga a actualizar la señalización. El subdirector de Movilidad tampoco augura grandes cambios, "porque la mayoría estará bien". Para comprobarlo, los titulares de las carreteras deberán tener en cuenta los parámetros técnicos internacionales que se utilizan para determinar qué velocidad corresponde a cada tramo. Más que nada, porque es posible que haya cambiado el trazado: que una serie de curvas se haya transformado en una recta o que el pavimento esté ahora más deteriorado.

Repunte de la mortalidad

La inclusión del delito de velocidad en el Código Penal es otra de las armas con las que el Gobierno pretende hacer frente a la siniestralidad vial, que entre el 1 y el 19 de agosto se ha cobrado 191 vidas, 33 más que en el mismo período del año pasado. Entre el pasado viernes y el domingo se rompió la tendencia negativa que se arrastra desde que comenzó el mes. Fue el primer fin de semana de agosto con un balance de víctimas inferior al de 2006. Una diferencia mínima: 20 muertos frente a 22. Y el número de fallecidos en lo que va de año, 1.769, continúa por debajo de los 1.955 que se registraban a estas alturas en 2006. Un descenso del 9,5%.

El repunte de la mortalidad que se está produciendo en agosto ha llevado a la DGT a estudiar por qué hay más accidentes en las operaciones especiales de vacaciones, como ya sucedió en Semana Santa. "Quizá es que los que transitan todos los días tienen más en cuenta la seguridad que los que sólo salen en momentos punta. No lo sabemos todavía", dijo Fernández.

Por otra parte, un juzgado de Logroño ha condenado a un ecuatoriano de 30 años, M. V. B. C., a seis meses de cárcel y cuatro años de retirada del permiso por conducir ebrio a pesar de que ya le habían quitado el carné. El acusado acumulaba ya cinco sentencias, cuatro de ellas por delitos contra la seguridad del tráfico y otra por incumplir otra condena de retirada del permiso de conducción.