Audiencias

En un (como acostumbra) excelente artículo (Los caballos de Calígula, 20 de julio), Soledad Gallego-Díaz defendía recientemente en la sección de España de este periódico el sistema de audiencias parlamentarias públicas previo a la elección de los miembros de los órganos institucionales colegiados que, de acuerdo con la ley, corresponde designar a las distintas cámaras representativas. "Algunos ciudadanos daríamos nuestro voto por un hearing", comenzaba el artículo; que finalizaba recordando el pasaje en el que uno de los personajes de Camus reprocha a Calígula su frivolidad en los nombramientos.

Aproximadamente esos mismos días se desató entre nosotros una áspera polémica con motivo de unas declaraciones sobre el uso de la lengua gallega en la justicia y en la enseñanza efectuadas por el recién elegido Valedor do Pobo. A raíz de esas declaraciones, y sin entrar a valorar su contenido, se produjo la llamativa circunstancia de que lo que un día, el de su elección, era apoyo unánime en el Parlamento de Galicia, se convertía al día siguiente, a raíz de esas declaraciones y para algunos de quienes lo habían apoyado, en reprobación cuando no en peticiones de retracto e incluso de dimisión. El incidente pone de manifiesto, entre otras cosas, la importancia que en nuestra sociedad tienen los gabinetes de prensa en las instituciones públicas porque, además de contribuir a la tan necesaria divulgación de sus actividades, también sirven para evitarle líos a quienes transitoriamente ocupan su dirección. Pero sobre todo refuerza el argumento favorable a la instauración de un sistema de hearings que, en este caso concreto, habrían evitado el trasacordo de quien un día apoya y al día siguiente, oídas las opiniones, exige rectificaciones o pide la dimisión.

El debate sobre los hearings se hace así, aquí y ahora, doblemente oportuno, si tenemos en cuenta que en nuestro debate estatutario una de los tres grupos parlamentarios de Galicia (el popular) propuso en ponencia la incorporación de un sistema de audiencias previo a la designación de los miembros de las "instituciones auxiliares de los poderes públicos gallegos de extracción parlamentaria". Esos poderes públicos eran, además del Valedor y de los conselleiros del Consello de Contas contemplados en el Estatuto de 1981, los miembros de las nuevas instituciones que el Estatuto reformado crearía de acuerdo con la propuesta del Partido Popular (Consello do Audiovisual de Galicia y Axencia Galega de Protección de Datos). Una iniciativa que se apoyaba no sólo en la necesidad de restringir la capacidad nominativa de los partidos políticos para obligarlos a proponer candidatos adecuados tanto profesional como personalmente para ocupar los mencionados cargos; sino también en la conveniencia de visualizar la dependencia parlamentaria de estas instituciones; de mejorar la transparencia en el acceso a cargos públicos tan relevantes; y de reforzar la independencia de quienes ocupan puestos cuya principal función es defender los derechos y los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos.

La propuesta, entonces, no fue bien recibida por los otros dos grupos parlamentarios, entre otros argumentos porque no existían precedentes similares en los estatutos que estaban siendo o que habían sido ya reformados. Pero ahí sigue, en ese limbo circunstancial en el que se encuentra la reforma de nuestro Estatuto, como uno más de los temas en los que hubo desacuerdo, pero que son susceptibles de ser retomados para el consenso en el día en que el ánima estatutaria, purgada su pena, sea elevada a la gloria de su aprobación. Una reforma, la de introducir en nuestro sistema político autonómico los hearings anglosajones, que además de evitarnos polémicas tan absurdas y perjudiciales para las instituciones como la surgida tras las primeras declaraciones del nuevo Valedor, contribuiría a que todos los que ocupan (como uno mismo y aunque no se sienta caballo, ni considere Calígula a quién lo promovió) o lleguen a ocupar tales puestos institucionales se sintiesen más respaldados política y socialmente, y por tanto más libres, en el desempeño de su función.