Todos los partidos piden el cese de la ministra de Fomento y el PSC elude defenderla

La batería de incidencias en las infraestructuras catalanas, especialmente en el servicio ferroviario de Cercanías, ha quebrado la confianza del Gobierno catalán en el Ministerio de Fomento. El descontento con la gestión de Magdalena Álvarez y las pésimas relaciones con su ministerio afloraron ayer en la comparencia del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, en la Diputación Permanente del Parlamento autonómico. Pero los socialistas catalanes, con el propósito de no tensar más la cuerda, se abstuvieron de reclamar la dimisión de Álvarez, que sí la exigieron el resto de los grupos parlamentarios, incluidos los socios del tripartito, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya.

El Gobierno catalán se integrará en el organismo que controlará las obras del AVE y las incidencias de los trenes

Nadal admite que las infraestructuras viven un momento de "saturación crítica" y pide confianza a los ciudadanos

La Generalitat reconoce el esfuerzo inversor de Zapatero en Cataluña, pero muestra su descontento con Álvarez

Ni Nadal ni el Partit dels Socialistes arremetieron de lleno contra la ministra, pero tampoco se esforzaron por defenderla, lo que evidenció el descontento del Ejecutivo que preside José Montilla. Elocuente fue el episodio que narró el consejero. Joaquim Nadal explicó que el pasado martes, en la estación barcelonesa de Sants durante la visita de la ministra, las primeras palabras que le dirigió ésta fueron: "Y usted, ¿qué hace aquí?". "Yo estoy donde me toca, porque me toca estar aquí y no estoy de vacaciones", le espetó el consejero.

Otro ejemplo. Ante las acusaciones de Convergència i Unió de supeditación a Fomento, Nadal respondió: "Vaya usted a decir lo mismo al ministerio. No sabrán si ponerse a llorar o a reír". Otro más. Nadal achacó las recientes incidencias en el aeropuerto de El Prat al "modelo de gestión y de marco competencial". Dos torpedos directos contra la política de Álvarez y sus reticencias a traspasar la gestión a la Generalitat.

Las críticas más duras contra Fomento partieron del resto de partidos. Pero los integrantes del Gobierno catalán formaron piña para defender -Esquerra Republicana con más tibieza- el esfuerzo inversor del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y aplaudir el contenido del Estatuto catalán, que obliga al Estado a destinar a Cataluña el 18,8% de total de sus inversiones. Un porcentaje idéntico al peso del PIB catalán.

Culpa del PP y CiU

El tripartito funcionó también como un bloque para culpar a los anteriores Gobiernos del PP y CiU de gran parte del colapso de las infraestructuras por la "escasa" inversión que dedicaron a Cataluña. Una acusación que desembocó en un baile de cifras sobre obras presupuestadas, licitadas o ejecutadas que cada partido exhibió a modo de exculpación. No hubo forma de cuadrar estas cantidades.

El consejero no pudo más que verbalizar la indiscutible situación de caos y admitió que las infraestructuras catalanas viven un momento de "saturación crítica". Ante la incapacidad de encontrar una solución inmediata, Nadal pidió "confianza" a la ciudadanía -"ya no puedo pedir más paciencia"- porque "es cierto que no se ha invertido bastante, pero ahora se invierte más que nunca". Y un día u otro, vino a decir, los usuarios notarán este empuje inversor. "El problema es de calendario y ritmo".

Para sostener sus palabras, Nadal informó de que la Generalitat tiene obras en curso por valor de 8.313 millones de euros y otros 6.100 en proyecto. Anunció que el Ejecutivo catalán ha solicitado estar presente en el Centro de Coordinación de la Operación Ferroviaria creado por Fomento este fin de semana para supervisar las obras del AVE. El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, aceptó la propuesta. Por último, el consejero comentó que en septiembre se reunirá con la concesionaria de la AP-7, Acesa, para acelerar las obras de ampliación a tres carriles de esta vía en Girona y Tarragona e intentar evitar que en la operación retorno se repitan las colas de hasta 75 kilómetros.

Desde la oposición y tras una primera embestida del portavoz de CiU, Felip Puig, su jefe de filas, Artur Mas, se mostró más conciliador. Planteó tres propuestas al resto de partidos. La primera, aprobar el Plan Nacional de Infraestructuras a finales de septiembre. La segunda, votar contra los Presupuestos Generales del Estado si no destinan a Cataluña el 18,8% de las inversiones. Y tercera, aprobar una resolución por la cual las instituciones catalanas tengan mayoría en el futuro ente gestor de El Prat.

Daniel Sirera, del PP, reclamó la dimisión no sólo de Álvarez, sino también la de Nadal, y pidió la expulsión del Gobierno catalán de Iniciativa per Catalunya, a la que culpó de frenar parte de las infraestructuras que necesita Cataluña. Sirera acusó al tripartito de "hacer el ridículo" y de sacudirse las responsabilidades. El republicano Joan Ridao se mostró extremadamente duro con la ministra de Fomento por su "cara dura". Y el ecosocialista Jaume Bosch exigió mayor dureza con las empresas gestoras, como Renfe, Aena y Adif.

El consejero de Economía, Antoni Castells, defendió a ultranza la gestión de su departamento en el apagón del 23 de julio de Barcelona y anunció que no le dolerán prendas a la hora de ser exigente con las eléctricas y sancionarlas si es necesario. Si algún error reconoció es el de no haber actuado antes con mayor firmeza. Castells dijo que no es momento de pedir dimisiones, sino de hacer un frente político común en Cataluña para defender las inversiones del Estado.