Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Menos cayucos

La llegada de cayucos y pateras a las costas de Canarias y a través del Estrecho continúa, pero se ha reducido a la mitad durante los últimos siete meses, tomando como referencia el periodo equivalente del pasado año. Es una noticia esperanzadora por cuanto supone que los miles de jóvenes africanos que siguen confiando en llegar a España parecen haber comprendido los graves riesgos que entraña esta aventura. Seguramente, tiene razón el Ministerio del Interior cuando señala que esta caída en las cifras se debe a la mayor vigilancia en el Atlántico y a la colaboración de los países que, como Marruecos y Senegal, servían de puerto de partida para estas embarcaciones de fortuna.

Pero la disminución de los intentos de entrar ilegalmente en el territorio español, y por extensión europeo, a través del mar dista mucho de significar que los problemas de la inmigración irregular estén resueltos. Aunque la cifra represente la mitad de quienes hace tan sólo un año arriesgaban la vida para llegar a nuestras costas, todavía sobrepasa las 7.000 personas, muchas de ellas menores de edad. Y lo que es más importante: la vía de los cayucos y pateras es la parte más dramática del fenómeno, no la más significativa desde el punto de vista aritmético. De hecho, las más de 17.000 personas que llegaron a Canarias y al litoral mediterráneo español durante 2006 representan un pequeño porcentaje en la bolsa de trabajo ilegal que existe en nuestro país, y que da empleo a varios centenares de miles de extranjeros en situación irregular.

Los buenos resultados en el control exterior de las fronteras marítimas permitirían abordar con mayor serenidad el fenómeno de la inmigración desde la otra vertiente, el control del empleo ilegal en el interior. Desde esta perspectiva, sería necesario adoptar medidas para ir aflorando la economía sumergida que demanda una mano de obra en condiciones de semiesclavitud, y a la que acuden los trabajadores que han entrado irregularmente en España.

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La inspección laboral debería ser reforzada, tanto en medios humanos y materiales como en el apoyo y las instrucciones que recibe desde las instancias políticas. Es preciso romper el círculo vicioso al que conduce el hecho de que los empleadores en condiciones de ilegalidad voten, y por tanto sean tenidos en cuenta a la hora de adoptar decisiones políticas, mientras que los empleados por ellos queden completamente desamparados. No ya privados de los derechos que corresponden a cualquier trabajador, sino inexistentes como sujetos jurídicos e invisibles como personas.

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