Al volante sin ir a la autoescuela

Estaba convencido de que no sería capaz de aprobar. Pero Y. P. G, obrero de la construcción de 20 años, necesitaba el permiso de conducir. Se decidió por lo fácil: no perder ni una tarde rellenando test. Prefirió pagar el triple de lo que cuesta, de media, una autoescuela. Llegó a pedir un crédito de 3.000 euros a su banco para que otro chico, supuestamente bregado en las preguntas capciosas sobre el Código de Circulación, se presentara en su lugar. Con tan mala pata que el experto suspendió. A la segunda no hubo mejor suerte y al siguiente suplantador lo pillaron con un DNI falso.

En lo que va de año, los agentes del Grupo de Investigación y Apoyo a Tráfico (GIAT) de Madrid han detenido a 20 personas en 13 operaciones contra grupos o individuos que se dedican a suplantar a otros en el examen de conducir. En todo el año pasado hubo 32 detenciones. Sacarse el carnet de conducir sin pasar con la autoescuela cuesta entre 1.000 y 3.000 euros y el trato puede incluir sólo el teórico o un pack que incluye teórico y práctico. El permiso C, para conducir camiones, alcanza en este mercado negro los 5.000 euros. No es fácil detectar a los suplantadores. Suelen ir con gorras que tapan hasta la frente y si es preciso se cortan el pelo para parecerse al de la foto del DNI. Los funcionarios son avezados y a los sospechosos, con sigilo, les cotejan la forma del mentón e incluso las orejas.

Sacarse el carné sin pasar por la autoescuela cuesta entre 1.000 y 3.000 euros

Sólo en Madrid se examinan diariamente 1.000 personas en el centro de Móstoles. Es la jefatura provincial de Tráfico con más volumen de trabajo de España. Además del control de identidad rutinario, los agentes del GIAT suelen montar operativos aleatorios para controlar la documentación. Así fue como desbarataron la intentona de Y. P. G. A su DNI real le habían añadido la foto del suplantador. Abultaba más de lo normal y levantó las sospechas de un funcionario.

Las falsificaciones suelen ser de buena calidad, "profesionales", aseguran los agentes del GIAT. Lo más habitual es que se sustituya la foto del DNI o la tarjeta de residencia por la de la persona que se examina. Aunque también se da el caso, especialmente con ciudadanos asiáticos o subsaharianos, de que confíen en el parecido físico y ni se molesten en modificar los papeles. Eso no impide que se les impute un delito de falsificación de documento público.

En el momento en que firman el examen asegurando que son otra persona están cometiendo un delito tipificado en los artículos 390 y 392 del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a tres años. Los agentes explican que la fiscalía suele pedir seis meses, por lo que es difícil que pisen la cárcel.

Existen tres tipos de organizaciones dedicadas a estas prácticas, integradas por asiáticos, subsaharianos o españoles. En los dos primeros casos, los clientes acuden a los suplantadores porque su dominio del español -o el inglés, francés o alemán, los otros idiomas en que se puede realizar el examen- no les permite enfrentarse a las preguntas del test o las indicaciones del examen práctico. Esa característica dio una pista decisiva a los investigadores en 2004. En un control rutinario de mercancías en el polígono industrial de Cobo Calleja (Madrid), donde se concentran los almacenes de mayoristas chinos, Tráfico detectó a varios camioneros de esa nacionalidad con el permiso de conducir español en regla pero que apenas chapurreaban cuatro palabras en castellano. Tirando del hilo, llegaron hasta un hombre y una mujer chinos, cabecillas de una organización que conseguía permisos para sus paisanos suplantándoles en los exámenes. Ambos hablaban un perfecto castellano y conducían con destreza todo tipo de vehículos.

La mayoría de subsaharianos que se prestan, previo pago, a hacerse pasar por otra persona son de Guinea Ecuatorial, ex colonia española. Es el caso del último detenido en Madrid, el miércoles pasado: un estudiante de tercero de Económicas que confiaba en sacarse así un dinero extra. Los clientes de los subsaharianos suelen ser nigerianos que, aunque en muchos casos hablan inglés, carecen de formación para superar el examen.

Hace años, según constató la Guardia Civil, buena parte de los españoles detenidos era de etnia gitana, un segmento de la población con un índices de analfabetismo superiores a la media española, que ronda el 3%. Siete de cada diez gitanos mayores de 15 años son analfabetos, según la Fundación Secretariado Gitano. Desde que en 2004 se desarticuló una organización dirigida por gitanos, no se han vuelto a detectar suplantadores de esa etnia.

Los españoles que pagan por conseguir el permiso responden a dos perfiles bien distintos: jóvenes adinerados, estudiantes en muchos casos, que no quieren perder tiempo con el trámite y personas de bajo nivel socioeconómico. Los agentes del GIAT comprueban con estupor que, cuando los detienen, algunos no son conscientes de haber hecho algo grave. "Y resulta que conducen sin saber llevar bien un coche ni conocer las normas", se lamentan.