Fuenlabrada se come un trozo de Pinto

Pinto tiene hoy 70 hectáreas menos de las que tenía a principios de año. A Fuenlabrada le pasa exactamente lo contrario. El que ha hecho bueno en este caso la evidencia científica de que la materia no se crea ni se destruye ha sido el Tribunal Supremo que, al anular una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido que una porción de suelo en litigio desde hace 12 años pase definitivamente a formar parte del término municipal de Fuenlabrada.

En concreto, se trata de un suelo ubicado en el límite entre ambas ciudades, y que en una gran parte está ocupado por un centenar de naves y empresas del polígono Cobo Calleja, uno de los más grandes de Europa y hoy literalmente tomado por comercios y negocios al por mayor regentados por personas de nacionalidad china. La otra parte de la parcela es suelo agrícola.

Un alcalde pinteño de IU cedió el suelo, y otro del PSOE lo exigió luego en los tribunales

El Supremo resuelve un litigio de 12 años entre ambos municipios por 79 hectáreas del polígono Cobo Calleja

Para entender lo sucedido hay que volver la mirada al año 1993. Entonces, los ayuntamientos de Pinto, entonces gobernado por Carlos Penit (IU) -que años más tarde resultó condenado por prevaricación, inhabilitado y posteriormente indultado en un caso de concesión irregular de licencias- y Fuenlabrada, dirigido por José Quintana (PSOE), acordaron que una parte del término municipal pinteño pasase a formar parte del municipio vecino.

Con esta medida pretendían solucionar el problema administrativo derivado de la división del polígono Cobo Calleja entre las dos localidades, lo que hacía que algunas naves industriales tuvieran parte de su superficie en Fuenlabrada y la otra en Pinto, lo que en ocasiones convertía en un auténtico embrollo saber a qué municipio había que pagar las tasas o solicitar licencias de construcción.

Este acuerdo fue ratificado dos años más tarde por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por el socialista Joaquín Leguina.

Sin embargo, también en 1995, otro socialista, Antonio Fernández, llegó a la alcaldía de Pinto y llevó a los tribunales un acuerdo que consideró "injusto" porque el municipio no había recibido ninguna compensación económica o en terrenos por la pérdida de 70 hectáreas de término municipal.

Casi siete años después, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al alcalde de Pinto, al considerar que el acuerdo entre ambas localidades beneficiaba "la expansión industrial de Fuenlabrada a costa del municipio de Pinto y sin contraprestación para éste". El suelo pasó de nuevo a ser de Pinto.

La decisión de los tribunales no gustó en Fuenlabrada, que recurrió ante el Supremo, que ahora ha vuelto a dar un giro de 180 grados al caso. Los magistrados han ratificado el acuerdo al que ambas ciudades llegaron hace 14 años, y devuelve la porción de terreno a Fuenlabrada. La diferencia es que ahora la decisión es ya irrevocable.

El curioso viaje administrativo y judicial de estas 79 hectáreas de terreno ha provocado que el centenar de empresas ubicadas en la zona hayan pasado los últimos 12 años cambiando membretes, tarjetas de visita y cartelería para irse adaptando, sin haberse movido de sitio, a la cambiante realidad administrativa.

La sentencia del Supremo reconoce que el acuerdo de segregación permitía "resolver las dificultades de gestión y recaudación tributaria" en el polígono industrial, al tiempo que admite que el mismo era conocido y aceptado libremente por las dos partes cuando fue firmado.

Además, añade que la segregación realizada, que ubicaba el límite entre ambos municipios en el recorrido de la línea de cercanías C-4, permitía "resolver el problema existente para el municipio de Pinto", que poseía suelo a ambos lados de la línea de tren.

Un portavoz del Ayuntamiento de Pinto explicó ayer que "se trata de una noticia muy negativa", dada la pérdida, tanto económica y tributaria -unos 600.000 euros al año-, como desde el punto de vista del tejido empresarial que supone para la ciudad.