Casi la mitad del agua consumida no se factura por las fugas o por ser de uso público y agrícola

Casi la mitad del agua que se consume en Euskadi no se factura, debido a que es utilizada para usos agrícolas y servicios públicos o se pierde por las furgas de la red de distribución. El Departamento de Medio Ambiente se ha marcado como objetivo para 2020 que sólo quede sin ser tarifado el 25% del volumen consumido. La extensión de los contadores en el sector agrícola y en los servicios públicos es una de las novedades de la Ley de Aguas, en vigor desde el pasado 19 de enero. El Ejecutivo es reticente a la construcción de nuevos embalses, por su coste medioambiental.

Los informes Medio Ambiente señalan que la llamada eficiencia de las redes de abastecimiento -el agua cuyo gasto es facturado- se sitúa en el 52,3% del volumen consumido, un porcentaje que coloca a la comunidad autónoma lejos de las exigencias de la Unión Europea. La Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada en 2000 por la UE, fija que la factura del agua incluya todos los costes, los de captación, tratamiento y depuración posterior. Ahora, en los municipios vascos, los gastos derivados del suministro son superiores a lo que realmente paga el usuario en su factura.

El consumo urbano, que incluye tanto el doméstico como el de los comercios, la industria, los ayuntamientos y el riego privado, ronda los 285 hectómetros cúbicos al año en Euskadi. De este volumen, cerca de 120 hectómetros se denominan incontrolados, es decir, no pasan por un contador y, por tanto, no se abonan. La nueva ley quiere cambiar esta situación y obligar a que el sector agrícola -con gran cantidad de captaciones de libre uso- y los servicios públicos, como los de bomberos, limpieza viaria y riego de jardines, instalen contadores que registren el consumo que realizan y se apliquen las tarifas correspondientes. A este volumen incontrolado se suman las pérdidas de agua en las redes primarias -las que van desde las fuentes de abastecimiento hasta los municipios-, cuya eficiencia ha mejorado en los últimos años y ya están por debajo del 10% del volumen consumido, según los cálculos de Medio Ambiente. La situación es peor en los municipios, en la red secundaria de distribución. Se estima que Bilbao pierde por fugas de la red urbana el 23% del agua que se distribuye, casi el doble que en Vitoria, donde se ha reducido al 12%, un nivel considerado como "fuga técnica".

En mayo pasado, el Consejo de Gobierno aprobó por vez primera una línea de ayudas, fijadas en un millón de euros, pero ampliable en función de las peticiones de los consistorios, para la mejora de las redes de abastecimiento de los municipios con el fin de mitigar las pérdidas.

Canon ecológico

Con la extensión de contadores y la reducción de las fugas, Medio Ambiente pretende que en 2020 se pague efectivamente por el 75% del agua consumida. Las prospecciones del Ejecutivo señalan que, si no se adopta ninguna medida para controlar el gasto, el consumo crecería un 10% para dentro de 17 años. En cambio, con el ahorro y las campañas de concienciación, se lograría una reducción de hasta un 7% del actual volumen de agua utilizada.

La Ley de Aguas persigue una utilización más racional de este bien público y, para ello, ha establecido el canon ecológico: un tributo en las facturas que será de seis céntimos por metro cúbico de agua cuando en los domicilios se consuman más de 130 litros por persona y día, un límite que coincide con la media de gasto de los hogares de la comunidad autónoma.

Además de la racionalización, el debate en los últimos años se ha centrado también en la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua para hacer frente a las épocas de sequía. La consejería propuso hace cuatro años construir dos nuevos embalses en Vizcaya y Álava, pero la idea no avanzó. Además, está pendiente la ejecución del embalse de Herrerías -ubicado entre los municipios de Artziniega y Amurrio, en el límite con Burgos-, pero también está paralizado. Este proyecto, que ha sido declarado de interés general y, en concsecuencia, debe ser financiado por el Gobierno central, es la última de las seis grandes infraestructuras para Euskadi acordadas en el Plan Hidrológico Nacional de 1994. Su construcción y las conducciones desde el emblase hasta Bilbao costarían al menos 200 millones de euros.

Pero el actual equipo de la consejería de Medio Ambiente mantiene una postura reticente a la construcción de nuevos embalses. "Tienen un impacto ambiental importante y, antes de hacer cualquier obra, hay que valorar si los beneficios superan a los costes medioambientales. Éstos no se computaban antes en estas infraestructuras, pero ahora sí", ha señalado un portavoz del departamento.