El Consell exige a Cabanes que anule cientos de licencias en Torre la Sal

La Consejería de Medio Ambiente ha requerido al Ayuntamiento de Cabanes que anule las licencias otorgadas para la construcción de, al menos, de 500 viviendas en Torre la Sal, la única zona virgen del litoral castellonense, junto al parque natural de El Prat. En su resolución, la directora general de Ordenación del Territorio, Soledad Martínez, argumenta que Cabanes ha cometido una "infracción grave" de la Ley Urbanística Valenciana, por lo que exige la anulación de las licencias otorgadas al grupo Marina d'Or, para el desarrollo de la zona contigua al complejo ya existente.

Antes de desarrollar el sector deben estar hechas la depuradora y la desaladora

Pese a que el consistorio tenía un mes para hacer efectivo el requerimiento, plazo que finalizó el 16 de julio, según el concejal de Esquerra Unida, Carles Mulet, el PP no ha anulado las licencias, por lo que la Generalitat emprenderá medidas legales, tal como anuncia en su escrito. El requerimiento se ha realizado en respuesta a la denuncia presentada por un afectado que informó al Consell de la irregular concesión de las licencias para dos edificios de más de 500 viviendas. Sin embargo, tras el escrito del vecino y días antes de las elecciones, el PP otorgó licencias para otras 700 viviendas que estarían igualmente afectadas por la anulación.

La resolución del Consell destaca que la entonces Consejería de Territorio ya remitió dos requerimientos al ayuntamiento para que informara sobre las licencias. El primero, enviado en septiembre de 2006, no fue contestado y el segundo "no justifica el cumplimiento de las condiciones" impuestas en la declaración de impacto ambiental.

La infracción grave que se atribuye al Ayuntamiento se refiere a que, como condición previa al desarrollo del sector, debía estar "asegurada y debidamente autorizada la construcción y puesta en funcionamiento" de una desaladora con el fin de garantizar los recursos hídricos necesarios. Además, debían estar finalizadas las obras de una nueva depuradora que, según el mismo escrito, "no está ejecutada".

La adjudicación del PAI Torre la Sal, de 1,2 millones de metros cuadrados, ya se inició con polémica después de que, tras un informe externo que señalaba como mejor oferta la de la empresa Medi, el ayuntamiento recibiera otro informe realizado por los técnicos de la Diputación a "solicitud del alcalde", el popular Artemio Ciurana que concluye que, aunque es "imposible identificar, en términos absolutos, una de las propuestas como correcta y el resto como incorrectas", la propuesta de Marina d'Or es la "más conveniente a los intereses municipales". Finalmente, la adjudicación al grupo Marina d'Or se decidió gracias a los votos favorables de los cinco concejales que el PSPV tenía en la anterior legislatura, ya que tres de los seis ediles del PP no participaron en la votación. Dos de ellos, por ser parte interesada (trabajaban para el adjudicatario) y el tercero porque decidió no participar en un asunto que "no veía claro".

El concejal de Esquerra Unida en Cabanes, Carles Mulet, destacó ayer que este nuevo "incidente administrativo" podría ser una "prueba determinante para condenar por prevaricación al alcalde" del municipio, el popular Artemio Ciurana, contra el que un vecino ya presentó una querella por un presunto "trato de favor" a Marina d'Or en la concesión de licencias. Para Mulet, "la propia consejería del PP da la razón a los denunciantes dejando claro que las obras son ilegales y, por tanto, también la decisión de alcaldía, que conocía la ilegalidad y, siendo consciente de la prevaricación que suponía, volvió a conceder licencias en mayo de 2007", cuando el Consell ya había remitido los requerimientos al ayuntamiento.