La Generalitat controlará la red eléctrica cada seis meses en vez de cada tres años

El Gobierno catalán anunció ayer un aumento notable de sus controles sobre la inspección de la red eléctrica, que pasarán de ser trienales a semestrales. Este anuncio fue la principal novedad aportada por el consejero de Economía, Antoni Castells, en la comparecencia parlamentaria en la que explicó el desarrollo de la crisis de suministro eléctrico que la semana pasada dejó sin servicio a 350.000 abonados del área de Barcelona. Castells suscribió también las críticas de la izquierda al presidente de Endesa, Manuel Pizarro. Los afectados "tienen derecho" a recibir de él, afirmó el consejero, las excusas correspondientes por un fallo del suministro "impropio" de un país con el grado de desarrollo de Cataluña.

Castells y el consejero de Interior, Joan Saura, explicaron en el Parlament las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno desde el inicio de la crisis, el 23 de julio. Pero la parte principal del debate giró sobre las responsabilidades y las medidas que adoptar para evitar repeticiones.

El consejero asumió que las redes de transporte y suministro, que corresponden a Red Eléctrica Española (REE) y Endesa, respectivamente, son "manifiestamente mejorables" y aseguró que la Generalitat incrementará la exigencia para su puesta al día. También garantizó que el Ejecutivo catalán impondrá las sanciones que correspondan una vez se hayan fijado las causas del fallo.

Está ya claro que el incidente se debió, según el consejero, a "un fallo en la red", pero sin embargo insistió en que el expediente abierto no permite determinar todavía si se debió a la insuficiencia de las inversiones, a fallos de mantenimiento o al diseño de la red. O a una combinación de las tres causas, que no excluyó.

La inspección de la red es también una responsabilidad de las compañías, que hasta ahora daban cuenta de ella a la Administración cada tres años. Castells anunció que el Gobierno incrementará la periodicidad de este control sobre las inspecciones, que pasará a ser semestral. Y elaborará una ley para garantizar el suministro eléctrico que entre otras cosas prevea contingencias como la actual.

Los tres grupos de la oposición (CiU, PP y Ciutadans) acusaron al Gobierno catalán de utilizar a las empresas como escudo para ocultar la ineficacia del control gubernamental sobre el servicio. El diputado de CiU Oriol Pujol consideró "inadmisible" y "vergonzoso" que a estas alturas nadie haya asumido responsabilidades personalmente.

Pujol argumentó que las empresas prestan el servicio, pero los primeros responsables no son ellas, sino los gobiernos central y catalán. Y más aún en el caso de REE, que tiene un presidente nombrado por el propio Gobierno español a través del ministro de Industria, que en este caso fue José Montilla.

El grupo del PP acusó al Gobierno tripartito de haberse convertido en "una especie de triángulo de las Bermudas", en el que todas las naves pierden la orientación, y advirtió al partido socialista de que no la recuperará mientras mantenga su alianza de gobierno con los ecologistas de Iniciativa. Además, propuso una comisión de investigación y la comparecencia en ella del ministro de Industria y los presidentes de las empresas eléctricas afectadas. Esta petición no podrá ser abordada por la Mesa de la Cámara hasta después de las vacaciones, y sólo prosperará si recibe el apoyo de CiU, que ayer no se pronunció ni a favor ni en contra.

Los tres grupos que apoyan al Gobierno (PSC, ERC e ICV) cargaron la responsabilidad a las empresas y a que, a su juicio, la privatización del sector eléctrico llevada a cabo por el Gobierno del PP no liberalizó el mercado y ha perpetuado la situación de monopolio.

El silencio de Pizarro

El portavoz socialista en esta sesión, el diputado Jordi Terrades, recordó que a los ocho días del estallido de la crisis, el presidente de Endesa, la principal empresa responsable de ella, Manuel Pizarro, "todavía no ha abierto la boca". Comparó este silencio con la "locuacidad" de que hizo gala cuando se trataba de oponerse a la OPA de Gas Natural sobre su empresa, y consideró escandaloso que la empresa dedicara el año pasado grandes cantidades de sus fondos a "pagar primas" a los accionistas para asegurar que se opondrían a la OPA en vez de invertir en una red de suministro cuya insuficiencia acaba de verse.

También los diputados Joan Ridao, de ERC, y Salvador Milà, de Iniciativa Verds-Esquerra Unida, atacaron a Endesa y REE. Ridao calificó a Endesa de "holding privado del PP" y a Pizarro como su "testaferro" en ella. El diputado independentista recordó, no obstante, que la crisis ha surgido después de que haya habido "cinco ministros de Industria catalanes" que por lo menos han "consentido" que se tomaran en Madrid decisiones estratégicas que han resultado perjudiciales para los consumidores de Cataluña.

La normalidad en el suministro no se recuperará, explicó Castells, hasta febrero de 2008, aunque la mitad de los generadores puestos en servicio para hacer frente a la emergencia podrán ser desconectados a finales de agosto. El suministro se ha restablecido, subrayó, gracias a reparaciones parciales y a los generadores, "pero se presta en precario".