Los populares han presentado 23 recursos contra 19 leyes desde la llegada de los socialistas al Gobierno

Desde la llegada de los socialistas al Gobierno, el Partido Popular ha presentado 23 recursos ante el Tribunal Constitucional contra 19 leyes. De ellos, 21 fueron recursos de inconstitucionalidad, es decir, impugnaciones de normas con rango de ley por entender que vulneran preceptos de la Constitución. Los dos restantes fueron recursos de amparo, al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales de alguno de sus miembros.

La mayoría de esos recursos provinieron del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (14 recursos de inconstitucionalidad y un recurso de amparo). Entre ellos, además del presentado contra el Estatuto catalán, se encuentra el de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció un quórum de tres quintos para la elección en el Poder Judicial de los principales cargos, la que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo o la que autorizó la devolución a la Generalitat de los documentos almacenados en el archivo de Salamanca desde la Guerra Civil. Otras normas impugnadas por los diputados populares fueron la de Igualdad en lo relativo a las listas electorales paritarias y el decreto ley que modificó las funciones de la Comisión Nacional de la Energía.

Otros recursos de inconstitucionalidad sonados fueron interpuestos por sus senadores. Uno de ellos fue el presentado contra la reforma del Plan Hidrológico Nacional que rechazó el trasvase del Ebro. Del Senado también provino otra impugnación contra la devolución de los papeles de Salamanca, así como la de dos leyes aprobadas en el Parlamento cántabro: el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria y el artículo 12 bis de la ley de Medidas Administrativas y Fiscales aprobada el 27 de septiembre de 2004 por esa comunidad.

Otros dos recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley de Dependencia el 13 y 14 de marzo de este año procedieron de UPN, la marca navarra del PP. Entre los recursos de amparo destaca el que interpuso el Grupo Popular contra la decisión de la Mesa del Congreso de admitir a trámite la reforma del Estatuto de Cataluña y que no fue admitido a trámite por entender que se trataba de un control de constitucionalidad previo a la aprobación de la ley.