El Gobierno y los promotores acercan posiciones para llegar a firmar el Pacto por la Vivienda

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) mantuvieron ayer frenéticas negociaciones después de que los empresarios amenazaran con no firmar el Pacto por la Vivienda si no se modifica un artículo del anteproyecto de Ley de la Vivienda. Es el que prevé que se destine el 20% de las promociones de más de 2.000 metros cuadrados en suelo consolidado a vivienda protegida. El presidente de APCE, Enric Reyna, aseguró: "el acuerdo está más cerca que nunca". Pero no desveló si el Gobierno ha accedido a sus peticiones.

Después de un día "de locos", según explicaron fuentes próximas al Departamento, entrada la tarde Reyna emitió un escueto comunicado de ocho líneas en el que afirma que después de "intensas negociaciones, durante las próximas horas quedará consensuado el acuerdo y se podrá fijar la fecha de la firma". El presidente de los promotores, sin embargo, no quiso explicar en qué consistieron las "intensas negociaciones".

Los responsables del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda admitieron haber hablado a lo largo del día con Reyna, pero también se negaron a especificar el contenido de las conversaciones. De hecho, desde que el miércoles hicieran público el tercer borrador del Pacto Nacional por la Vivienda se han negado a hablar con la prensa y, ante el alud de preguntas, el servicio de comunicación del departamento responde que el consejero, Francesc Baltasar, no piensa hablar hasta el acto de firma del pacto.

APCE abrió la caja de los truenos anteayer cuando aseguró que no firmará el pacto -que busca un gran consenso para crear 160.000 pisos de protección entre otras medidas- si no se retira el citado artículo de la ley, el 18.3 y también cuestionó que el texto remita en algunos aspectos a la futura normativa. La cuestión es que los dos textos, Pacto y Ley, corren caminos distintos.

Ponencia de la Ley cerrada

En realidad, y aunque el Departamento considera que el tercer borrador del Pacto es definitivo, su contenido se podría modificar. En cambio, la ponencia que ha discutido la Ley en el Parlament "está cerrada", explicó ayer su ponente relatora, Dolors Clavell. Falta, eso sí, que los servicios jurídicos de la cámara ordenen todos los papeles -como el más de un centenar de enmiendas de la oposición- y aprobar el dictamen que permitirá que la Ley se vote, según está previsto, el próximo 3 de octubre.

A falta del sí o no definitivo de los promotores al pacto -y de CiU, que también condiciona su firma al redactado definitivo de la ley- el sindicato UGT explicó que, como están las cosas, no se suman al consenso. La secretaria de Política Institucional del sindicato, Eva Granados, puso el acento en "las formas" en que el departamento ha llevado la negociación del pacto. Granados reprocha a los responsables de Vivienda que no haya habido "una negociación conjunta, con la participación [simultánea y presencial] de todos los agentes implicados en el consenso" y critica "la imposición de una fecha de acuerdo". "Esto no es un acuerdo, sino una invitación a sumarse", apunta. Granados también explica que, sea como sea, "no hay tiempo material para convocar a los órganos democráticos de UGT" que deberían decidir la posición del sindicato.

Por parte de CC OO, fuentes del sindicato indicaron que hasta el último momento han mantenido conversaciones con el departamento y que no harán público su posicionamiento hasta el día de hoy. El mismo argumento, la falta de tiempo para estudiarse el tercer borrador, mantienen los colegios de arquitectos y aparejadores.

Quien sí manifestó su voluntad e incluso satisfacción por sumarse al pacto fueron la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña, el Gremio de Constructores de Obras y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, los API. Todos ellos coincidieron en que pese a que hay aspectos concretos que podrían mejorarse, pesan más el hecho de que el pacto sí recoge buena parte de sus aportaciones y la "necesidad de sumarse al consenso". "Firmaremos porque por más que haya flecos, entendemos que o nos ponemos de acuerdo o no avanzaremos", dijo el presidente de los API, Joan Ollé.