Garzón encarcela al millonario británico John Palmer por dirigir una red de estafas inmobiliarias
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión del británico John Edward Palmer, detenido el jueves en Tenerife, a quien acusa de un delito de asociación ilícita por ser el supuesto responsable de una organización criminal que se dedicaba a estafas inmobiliarias.
Fuentes jurídicas informaron de que también se le ha imputado los delitos de cohecho, tenencia de armas y falsedad documental, los cuales, según su abogado, Aníbal Álvarez, son básicamente los mismos por los que cumplió una condena de cinco años en el Reino Unido.
Palmer, de 57 años, es más conocido por el apodo de Goldfinger (Dedo de Oro), ya que está considerado por la policía británica como el cerebro del robo a mano armada de 3.500 kilos de oro llevado a cabo en el aeropuerto de Heathrow en 1983. Detenido en el aeropuerto de Tenerife Sur por orden de Garzón, se le acusa de ser el máximo responsable de una organización criminal que operaba en la isla dedicada a estafas relacionadas con el time sharing o propiedad compartida, blanqueo de capitales, falsificación de tarjetas de crédito y su uso fraudulento y amenazas.
Además, a esta organización se le atribuyen delitos contra la integridad física y libertad de las personas, corrupción de funcionarios públicos, falsificación de pasaportes, tráfico de drogas y depósito-tenencia de armas de fuego.
Según la policía, Palmer se afincó en España en 1985 y desde la isla tinerfeña dirigía y controlaba una organización criminal de ámbito internacional con la que había obtenido unos beneficios económicos tan elevados que le permitieron erigirse como una de las mayores fortunas privadas del Reino Unido, que se calcula en unos 600 millones de euros.
Sólo en Tenerife y en la Costa del Sol había invertido más de 360 millones de euros, fundamentalmente en el negocio de la multipropiedad, el mismo que le llevó a la cárcel en 2001. Entonces fue condenado a ocho años de prisión por estafar a más de 20.000 turistas europeos. El tribunal incluyó en su pena, la multa más alta de la historia del país: 57 millones de euros, que le permitieron pagar a plazos.
