Que la sentencia resista el recurso

Terminado el juicio del 11-M con una práctica abrumadora de pruebas de todo tipo, sorprende cuando no preocupa y atemoriza que sigan existiendo voces que llaman a la confusión, la desconfianza, la sinrazón y, sobre todo, a un cuestionamiento no crítico del propio Estado de derecho.

Siempre resulta razonable y necesaria la crítica permanente al funcionamiento de las instituciones pero habrá de ser de carácter constructivo, que ayude a su perfeccionamiento y no a la destrucción de las mismas, como pretenden aquellos que, a través del ataque despiadado, sicalíptico y sin fundamentos a todo aquello relacionado con el 11-M, no han hecho otra cosa que socavar el prestigio y la respetabilidad de las instituciones que están llamadas a solucionar los conflictos al interior de la sociedad.

La resolución no debe incluir aquella frase que esperan los contrarios al Estado de derecho

Antes del juicio oral, pensaba que al practicarse la prueba bajo la más amplia interpretación del principio de publicidad, se acallarían aquellas voces críticas de las que hablo, pero esa creencia inicial se sustentaba en una inadmisible ingenuidad: fui incapaz de comprender que los corifeos generadores de la campaña de desprestigio que se cernía sobre este proceso no querían "saber la verdad", sino ocultar la misma por razones que son incapaces de confesar pero que habrán de ser puestas en evidencia si se pretende que la sentencia que se dicte en este procedimiento sea el final del litigo, no sólo el criminal sino, sobre todo el creado al interior de la sociedad española. Es necesario que la sentencia a dictar sea de aquellas que con su manto de concreción disipe definitivamente la "cortina de humo" que unos han generado en torno a este procedimiento y oscurantismo amparado en el desconocimiento general sobre cómo son y funcionan los procesos penales así como cuál es el marco regulador de la actuación del tribunal.

Profusamente se ha cuestionado que un órgano jurisdiccional no hiciese de prestidigitador aventurándose en investigaciones ridículas sobre supuestas pistas que sólo pretendían oscurecer más los hechos impidiendo depurar las responsabilidades surgidas de los atentados del 11-M; básicamente se ha hecho lo mismo que con el caso Bono recientemente aclarado por el Supremo.

Es necesario establecer las razones que sustentan el espectáculo grotesco del que venimos siendo testigos por más de tres años y consistente en un delirante análisis de la realidad que ha pretendido, con aciertos y derroche de medios, generar un perfecto encubrimiento de los responsables penales de los hechos con el fin encubrir a los responsables del mayor fracaso en la gestión de la seguridad interna de España.

Durante el juicio dirigimos nuestra acusación hacia quienes son responsables criminales de estos hechos; al mismo tiempo, realizamos cuestionamientos referentes al papel nefasto, irresponsable y carente de cualquier autocrítica que desempeñaron los entonces responsables políticos de nuestra seguridad con el fin de sacar las lecciones oportunas y así evitar que sigamos siendo un fácil objetivo del terrorismo yihadista.

La sentencia tendrá que cumplir también la función de establecer las causas del atentado, que deben dividirse en dos grandes grupos. De una parte, la voluntad criminal de unos personajes que distan mucho de ser aquellos pobres trabajadores inmigrantes vendedores de pañuelos que algunos nos han pretendido hacer ver. De otra, lo fácil que se lo pusimos o se lo pusieron quienes dirigían la seguridad en España.

Respecto de la primera de las causas poco o nada podemos hacer, pero respecto de la segunda podemos y debemos exigir que aquellas personas que ostentaban un encargo político en materia de seguridad sean finalmente sindicadas como responsables y apartadas de la cosa pública; sólo así se restaurará la confianza en las instituciones y en la cosa pública, que no en la publicada.

¿Cómo pueden venir a dar lecciones en materia de seguridad o exigir responsabilidades políticas al actual Gobierno aquellos que ni tan siquiera han tenido la gallardía de asumir las propias y que en una huida hacia adelante se han alineado con torticeras y retorcidas tesis de personajillos delirantes que no han pretendido otra cosa que lucrarse encubriendo a los responsables de estos hechos, sean penales o políticos?

Frente a la real y más que probada amenaza del terrorismo yihadista, una sociedad madura demanda de todos nosotros responsabilidad, claridad, seriedad y serenidad y estamos seguros de que el trabajo de "esos tres hombres solos" cumplirá una función social que irá más allá de lo meramente jurídico, porque de su decisión estará pendiente toda una sociedad que busca que se le dé una respuesta definitiva a los interrogantes surgidos a partir de esos atentados.

Todos esperamos una sentencia como la ley manda, es decir, una sentencia concreta, que no abierta; proporcionada, que no dura; ejemplar y ejemplarizante; ajustada a derecho y en cuya redacción habrá de cuidarse hasta el más mínimo detalle para evitar que exista aquella frase o párrafo que algunos esperan como última tabla de salvación después del paso de un rodillo probatorio con el que sus tesis se han visto aplastadas.

Una sentencia ajustada a derecho no puede incluir aquella frase que esperan los que se han alineado en contra del Estado de derecho; esa esperanza se justifica sólo en el deseo de unos por no tener que asumir responsabilidades políticas y legales, y de otros para impedir que se les acabe el macabro negocio que han generado a partir de esta tragedia. Lo lamentable es que en este empeño volverán a no escatimar esfuerzos que se centrarán en un ineficaz intento por condicionar al tribunal para que les conceda esa frase o ese párrafo que tan desesperadamente necesitan.

Por nuestra parte, no sólo confiamos en que la sentencia que se dicte será construida dentro de los criterios antes expuestos, sino también de los que desde ya garantizamos que la respetaremos y haremos nuestra desde el convencimiento de que el tribunal, excepcionalmente bien compuesto y plantado, dictará una resolución que no podrá ser "políticamente correcta", que no podrá dejar a todos medianamente contentos, porque esta sentencia, por las razones aquí expuestas y defendidas en el juicio, está llamada a resistir el peso de los recursos y el paso del tiempo.

Gonzalo Boye Tuset, abogado de la acusación particular en el juicio del 11-M.