Alternativas para evitar la corrupción

La corrupción afecta a la calidad de la democracia. Así lo muestran, por ejemplo, los barómetros permanentes de Transparencia Internacional o el índice de la democracia elaborado por el semanario The Economist. La corrupción urbanística ha devenido hoy en España en la formulación más frecuente de la corrupción pública, aunque cada vez sea más difícil separar los intereses privados de los corruptos, de los intereses políticos partidistas.

Ahora que se ha producido un cambio de Gobierno conviene recordar algunas de las herramientas contra la corrupción urbanística que han dejado los destituidos. María Antonia Trujillo será recordada en el largo plazo por la aprobación de una nueva Ley del Suelo, que ha entrado en vigor el pasado día 1 y que habrán de tener en cuenta los ayuntamientos constituidos tras las últimas elecciones municipales. Trujillo ha sido una ministra de Vivienda con peor imagen que práctica política. La nueva ley del Suelo, que sustituye a la de 1998, cambia la filosofía de esta última de que todo suelo era urbanizable mientras no se dijera lo contrario, causante en buena parte del espectacular crecimiento del precio del suelo y de la formidable especulación que han asolado este país en los últimos 10 años. Sólo el tiempo dirá si la nueva ley del Suelo ha sido efectiva, pero en su filosofía está la corrección de tanto desenfreno, con la reserva de un porcentaje del suelo (30%) para vivienda protegida y una nueva tasación del suelo mediante la cual su valor no estará en función de las expectativas sino de su precio actual, entre otras medidas. Recordemos que la de 1998 es una ley aprobada bajo el mandato del PP y que la actual ha sido aprobada con el voto de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP.

Jordi Sevilla, hasta ahora titular de Administraciones Públicas, ha sido uno de los mejores ministros de Rodríguez Zapatero y, por lo tanto, susceptible de recuperación para nuevos empeños. Deja a su sucesora, Elena Salgado, los borradores y el espíritu de una nueva Ley de Bases de Régimen Local. En esa ley están las medidas para garantizar la financiación local, cuya insuficiencia ha abierto paso a tantas irregularidades y estafas urbanísticas, que se han producido por la confluencia de tres factores: el extraordinario boom de la construcción (se han construido anualmente más viviendas que en Alemania, Reino Unido y Francia juntos); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales y el creciente recurso de estas administraciones a los ingresos procedentes del urbanismo (algunas estimaciones prudentes calculan que este tipo de ingresos supone en muchos ayuntamientos el 30% del total, y otras menos prudentes, dicen que el 40%); y los cambios que parecen estar teniendo lugar en la estructura de financiación de unas organizaciones partidistas que dependen cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales (según un informe del Tribunal de Cuentas, más del 25% del total de las subvenciones públicas no electorales recibidas por los partidos procede de las corporaciones locales).

Los argumentos de la ley de Régimen Local que deja Sevilla atacan sobre todo al segundo de los factores citados: cláusula específica que garantiza la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas, para que no dependan de la voluntad arbitraria de estas últimas; introducción de las incompatibilidades en los concejales; controles de poder para que sean los plenos municipales y los equipos de gobierno los que aborden las licencias urbanísticas, las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos; etcétera.

Estos cambios legales están incluidos en las recomendaciones que se hacen en el estudio más exhaustivo elaborado hasta ahora sobre el urbanismo en España (Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción. Fundación Alternativas), recientemente presentado en el Congreso de los Diputados. Tres volúmenes cartográficos dedicados a la descripción del problema y a las alternativas para corregir el tiro a favor de un urbanismo sostenible, que llegan a la conclusión de que "todo suelo debe considerarse como no urbanizable, mientras no se demuestre la absoluta necesidad de ser transformado urbanísticamente". Una reacción lógica a tanto exceso.