Contratación vigilada

Las condiciones que regulan el mercado del trabajo en el campo han cambiado mucho en los últimos años. Cuando el sector estaba menos organizado había muchas posibilidades de trabajar en una explotación agrícola incluso para aquellos que llegaban sin papeles.

Ahora, la dureza de la legislación laboral y en materia de extranjería hace prácticamente imposible contratar a un trabajador que no tenga regularizada su situación en España. Los empresarios que lo hacen se exponen a multas millonarias, y para evitarse problemas con la ley prefieren contratar a los trabajadores en sus países de origen -principalmente Marruecos, Rumania, Colombia y Senegal- a través de los sindicatos u otras organizaciones agrarias.

Las autoridades laborales han anunciado que aumentarán las inspecciones para evitar la contratación irregular.

No obstante, cada inicio de temporada los inspectores de trabajo expedientan a algún empresario por contratar a personas sin permisos de trabajo y residencia. En 2006, levantaron 13 actas y, seguramente, este año tampoco será una excepción ya que esta misma semana agentes del Cuerpo Nacional de Policía han descubierto a 14 temporeros que trabajaban sin permiso en una finca de fruta de Soses (Segrià). Dos eran de Rumania, seis de Senegal, tres de Malí, dos de Guinea-Bissau y uno de Gambia. Un agricultor, el gerente de la cooperativa y un intermediario están implicados en esta supuesta irregularidad.La sanción mínima por esta infracción es de 6.001 euros.

Este año se prevé una buena cosecha a pesar de que las últimas tormentas de granizo han mermado la producción de melocotón y nectarina.

En el punto culminante de la campaña, los empresarios agrícolas necesitarán más de 15.000 temporeros, de los cuales más de 6.000 llegarán contratados en origen por el sindicato Unió de Pagesos (UP).

El 58% de estos contingentes procede de Rumania y el 30%, de Colombia. Este año vendrán 50 senegaleses. "Si se adaptan al trabajo del campo, la próxima campaña repetiremos la experiencia", afirma Joan Josep Vergé, responsable de Inmigración y Cooperación del sindicato.

UP, a través de la Fundación Pagesos Solidaris, ofrece un proyecto integral de contratación y acogida para estos trabajadores, con programas de formación y de codesarrollo en sus respectivos países. En la actualidad hay 2.600 plazas de alojamiento colectivos, la mayoría de ellos gestionados por UP, cooperativas y ayuntamientos.