La Xunta planea someter la publicidad institucional a una comisión de control

La Xunta planea la creación de una comisión de control para informar acerca de los proyectos de anuncios o campañas publicitarias institucionales de las consellerías, las diputaciones, los ayuntamientos o cualquier entidad o sociedad pública que dependa de las administraciones autonómica o local. La previsión forma parte del borrador del proyecto de Lei de Publicidade Institucional que, junto a las leyes ya aprobadas de Transparencia y Subvenciones, completará las medidas comprometidas por el Gobierno para la "regeneración democrática" de Galicia.

El borrador sitúa la comisión de control en la órbita de la secretaría de Comunicación de la Xunta, que depende directamente del presidente Emilio Pérez Touriño. Tal y como está formulada, de ella formarán parte "representantes de las personas jurídicas, entes y organismos sometidos al ámbito de aplicación" de la ley y "por personas expertas independientes y de reconocido prestigio procedentes del ámbito académico o profesional".

Las funciones de la comisión incluyen emitir informes no vinculantes sobre los proyectos de anuncios o campañas publicitarias que le sean remitidos por los sujetos y entidades sometidos al ámbito de aplicación de la ley: la Administración autonómica, la Administración local y cualquiera de los organismos, entes, sociedades y fundaciones que dependan de cualquiera de ellas. Este órgano de control tendrá capacidad para resolver las reclamaciones que se presenten contra anuncios o campañas publicitarias institucionales, así como de ordenar su cese o rectificación, previa audiencia a sus promotores. "Cuando un anuncio o una campaña institucional vulnere los principios recogidos en la ley, cualquier persona que ostente un interés legítimo podrá solicitar su cese o rectificación".

Suspensión cautelar

La comisión podrá, además, suspender cautelarmente la difusión de una campaña o un anuncio cuando haya indicios suficientes de incumplimiento de la ley.

Anualmente la comisión examinará también la memoria publicitaria que obligatoriamente tendrán que remitirle las administraciones y entidades afectadas por la ley, incluyendo objetivos y coste económico.

El borrador de la futura ley, cuyo impulso definitivo depende de una decisión conjunta del presidente de la Xunta y de su vicepresidente, Anxo Quintana, define por primera vez qué se entiende por publicidad institucional. Y lo hace considerando como tal "toda forma de comunicación, difundida por cualquier medio por una administración pública o por un ente, organismo, fundación o sociedad dependiente de aquella, con el fin de promover su imagen, sus actividades o fomentar valores de interés público". Excluye, no obstante, los anuncios que deban publicarse por mandato legal o aquellos que tiene por objeto la contratación de bienes servicios.

El texto sobre el que trabaja la Xunta establece la utilización "preferente" del gallego en anuncios y campañas publicitarias, con la única excepción de los que tengan como ámbito de difusión el resto de España o el extranjero.

En cuanto a la contratación de la publicidad, el documento de trabajo de la Xunta establece que para adjudicar los "contratos de publicidad, creación publicitaria, difusión publicitaria y patrocinio" deberán "respetarse los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación" de acuerdo con lo establecido en normativa vigente en materia de contratos públicos. Los criterios de adjudicación de estos contratos deben valorar, preferentemente, "precio, originalidad y creatividad", así como precio, difusión y audiencia cuando el contrato implique la difusión de la publicidad.

El borrador ya ha pasado por la asesoría jurídica general de la Xunta y ha sido sometido a información de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), así como del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y las asociaciones de la prensa, entre otras entidades.