El PSE acusa a diputaciones y Gobierno de socavar la Ley de Dependencia

El PSE está dispuesto a realizar un estrecho marcaje a las instituciones vascas para comprobar cómo desarrollan la Ley de Dependencia. Los socialistas han hecho bandera de esta norma y siguen con lupa cada paso que dan las diputaciones y el Gobierno vasco. Por ahora, su balance es negativo. Incluso acusan a las diputaciones, en especial a la de Vizcaya, y al Gobierno de socavar el desarrollo de la Ley. Según los socialistas, la Diputación de Vizcaya ha aprobado recientemente dos decretos forales que " Contravienen" la norma con la inquietud que esto conlleva.

La parlamentaria y secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE, Isabel Celaá, cargó ayer con dureza contra las instituciones de la comunidad por su actitud "cicatera" para avanzar en el desarrollo de la Ley, a pesar de que disponen de "medios de sobra". Celaá admitió que las diputaciones y el Gobierno vasco han dado "algunos pasos", pero a "trancas y barrancas" y les reprochó "la desgana y sus escasa implicación" con la norma, que entró en vigor el pasado 1 de enero tras su aprobación por las Cortes y es de obligado cumplimiento en todo el país.

Celaá se mostró especialmente crítica con la actuación de la Diputación de Vizcaya y puso un par de ejemplos para justificar sus reproches. Por una parte, un decreto foral aprobado recientemente reconoce la situación de dependencia de un ciudadano "cuando se comience a prestar el servicio". "Le vienen a decir a la persona discapacitada que su derecho no tiene efectos hasta que ellos (la Diputación de Vizcaya) se lo otorguen", se quejó Celaá, quien puntualizó que la Ley de Dependencia a reconoce el derecho a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento por parte del ciudadano.

El segundo ejemplo se refiere a otro decreto de la Diputación vizcaína que regula el sistema general de acceso a las plazas de residencias para las personas con discapacidad. El decreto establece como requisitos de acceso, entre otros, que la edad del solicitante se encuentre entre los 18 y los 60 años y que figure empadronado en la provincia durante al menos tres años, de los cuales uno tendrá que ser inmediatamente anterior a la petición. Frente a estos requisitos, la Ley de Dependencia sólo establece la vecindad administrativa, es decir, que el peticionario viva en la provincia. "La Diputación de Vizcaya establece restricciones graves que no resultan admisibles desde la Ley de Dependencia y que no pueden ser motivo de denegación o rechazo de una plaza en una residencia".

Sistema de valoración

Celaá también advirtió contra la aplicación de la doble baremación en Euskadi, cuyas instituciones emplean para saber el grado de discapacidad de los ciudadanos dos sistemas: la escala propuesta por el Gobierno central y que es común en toda España y una propia con la que venían funcionando las diputaciones desde hace un año. Para la parlamentaria socialista, esta doble escala acabará por hacer "ingobernable" el sistema. "¿Es que se pretende crear una cartera de servicios asociada a la Ley de Dependencia y otra para las instituciones vascas? No hay homologación entre ambas escalas", recalcó.

Esta contundencia contrasta con la confianza que el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, expresó hace dos semanas en el Parlamento, donde expuso las bondades de la escala que vienen aplicando las instituciones de la comunidad. El sistema de valoración resulta fundamental, dado que con los resultados que arroje los técnicos podrán establecer el grado de discapacidad del ciudadano y, por lo tanto, las prestaciones a las que tiene derecho.

En cuanto al plazo para las baremaciones, también hay algunas diferencias. Álava establece un plazo máximo para resolver y notificar de tres meses, mientras que en Vizcaya es de cuatro. "Todo ello (los plazos y la diferente baremación) produce un enorme desconcierto en los usuarios y en los servicios sociales de base", cerró Celaá. La norma estatal garantiza a todos los ciudadanos que sufren una gran discapacidad los recursos y las prestaciones para que puedan llevar una vida digna. Dichas prestaciones, que corren a cargo de las comunidades previa financiación del Estado, puede materializarse en una plaza en una residencia, asistentes en el domicilio familiar o el pago de un sueldo a la persona que se hace cargo del enfermo, que suele ser un familiar.