Obras Públicas pide a los alcaldes de Málaga más suelo para VPO

La Consejería de Obras Públicas ha pedido a los alcaldes de 15 municipios del área metropolitana de Málaga que programen en sus planeamientos más suelo para viviendas de protección oficial y para suelo industrial. Si la propuesta de los municipios no alcanzara las cotas que la Junta estimara suficientes para satisfacer la demanda de ambos usos, la administración autonómica marcaría reservas de suelo para tal fin en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Málaga ahora en redacción.

La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, se reunió la tarde del jueves día 28 con los alcaldes de los 15 municipios afectados por este POT para examinar las líneas generales del documento y les transmitió la necesidad de reservar más suelo para vivienda asequible, del que hay un déficit "tremendo".

El diagnóstico del POT identifica Málaga como la zona de Andalucía donde más necesidad hay de promover viviendas a precios asequibles, porque hay una fuerte demanda insatisfecha. Según el secretario general de Urbanismo, el encarecimiento de los precios en la capital en los últimos años ha provocado que se "expulse" a muchos jóvenes a municipios del entorno porque les resulta imposible encontrar una casa en Málaga. En los días previos a la reunión con la consejera, Granados se entrevistó individualmente con cada uno de los 15 alcaldes para incidir en la misma idea.

Cuatro áreas

El documento inicial del POT ya identifica cuatro grandes áreas de reserva de suelo para viviendas protegidas, que suman más de 400.000 metros cuadrados, y que se ubican en la vega del Guadalhorce, en el triángulo entre Málaga, Alhaurín de la Torre y Cártama. En todas ellas están previstas además estaciones del metro o del tren de cercanías, y estarán conectadas por una nueva carretera interior del área que tendrá salida hasta Casabermeja y que evitará el uso de la congestionada Autovía del Guadalhorce porque para los desplazamientos desde el corazón de valle de este río hacia el interior no sea necesario llegar hasta Málaga.

Según la consejería, el hecho de que la Junta realice estas reservas como suelos estratégicos en el POT facilita luego los trámites de gestión urbanística de los mismos, motivo por el que se ha pedido a los alcaldes que identifiquen nuevas zonas para incluirlas en el documento de ámbito regional y no esperar a la aprobación de los planes generales de cada municipio.

También hay una gran carencia de suelos de uso industrial, debido a que en los últimos años ha habido una propensión de los ayuntamientos al desarrollo de usos residenciales y han descuidado la necesidad de suelos productivos. Además, en Málaga existe un debate sobre la conveniencia de cambiar de uso algunos polígonos industriales con cierta obsolescencia y que han quedado engullidos dentro del casco urbano por la expansión de la ciudad, de forma que dificultan la ordenación y equipamientos de las nuevas zonas de expansión urbana y resultan muy poco útiles para los usos empresariales o industriales que caben en ellos.

Para incentivar a los ayuntamientos a incluir también en el POT reservas de suelo para usos industriales, la Consejería de Obras Públicas no computará estos a la hora de calcular el 40% de crecimiento de los suelos urbanizables que es el máximo legal permitido a los municipios en sus nuevos planes de ordenación urbana. El documento inicial del POT prevé siete reservas estratégicas para usos productivos, entre ellos la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía, o la construcción de centros específicos como el parque aeroportuario, entre Málaga y Alhaurín de la Torre, el agroalimentario de Cártama o el de la construcción de Pizarra.

La Consejería de Obras Públicas espera tener ultimado el documento final del POT de Málaga durante el mes de julio y, si fuera posible, celebrar antes de las vacaciones la reunión de la comisión de redacción, en la que están representados los 15 municipios, para darle la aprobación inicial. El plan se sometería después a dos meses de información pública, y, examinadas las alegaciones, se produciría la aprobación definitiva que la Junta confía en que se produzca antes de que expire la legislatura autonómica.