Urbanizaciones bajo riesgo de fuego

Todas las parcelaciones o urbanizaciones situadas en el ámbito forestal, de más de una hectárea de superficie y que no presenten tejidos urbanos tradicionales deben tener diseñado y aprobado un Plan de Autoprotección. En Andalucía, hay 353.341 casas en el campo que tendrían que cumplir con esta obligación. Los propietarios son los que deben elaborar los planes, que, entre otros asuntos, establecen cómo se evacua a los habitantes de las viviendas en caso de que las llamas acechen la zona.

Las 353.341 viviendas contabilizadas pueden alojar a más de 1,4 millones de personas

Pero ni el 10% de los núcleos de viviendas en zona de riesgo ha cumplido con su deber, fijado en la Ley andaluza de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, de 1999. "Es el problema más grave que tenemos ahora", alerta Susana Sarriá, directora del plan Infoca de la Consejería de Medio Ambiente.

Cuando se declara un incendio cerca de una parcelación de este tipo los trabajadores del Infoca tienen que centrarse en proteger las vidas y las posesiones materiales en vez de volcar todos sus esfuerzos en extinguir las llamas.

Los datos que maneja Medio Ambiente son, al menos, preocupantes. A través de fotografías aéreas han trazado un perfil de los CER (Conjunto de Edificaciones Residenciales) de Andalucía situados en zona forestal y que, por lo tanto, tienen la obligación de tener aprobado por la Junta y sus ayuntamientos un Plan de Autoprotección.

En total, han contabilizado 2.275 conjuntos de viviendas de este tipo, de los que, según Sarriá, ni un 10% tiene listo ese plan. Estas urbanizaciones ocupan más de 45.650 hectáreas de superficie e integran a 353.341 casas, en su mayoría de tipo unifamiliar. Según Medio Ambiente, tienen "una capacidad de alojamiento total para algo más de 1,4 millones de usuarios, si se estima una media de cuatro por vivienda".

"Muchas de estas urbanizaciones son ilegales, aunque no lo tenemos contabilizado", indica Sarriá. Este fenómeno, el del urbanismo descontrolado, agrava el riesgo de incendio forestal. "Se levantan en lugares donde no está previsto que viva gente, cada uno se construye la casa en su trozo de tierra, no hay agua, los carriles son de tierra y cada cual acondiciona el suyo, no se construyen cortafuegos, hay vertederos que pueden arder... Además del daño ecológico que suponen, aumentan el riesgo de incendio forestal", asegura la directora del plan Infoca.

Tanto las parcelaciones legales como las ilegales tienen obligación de presentar su Plan de Autoprotección ante los Ayuntamientos y la Consejería de Medio Ambiente. En este documento, además de establecer la forma de evacuar a los residentes, se fijan otras medidas para luchar contra los incendios.

Según detalla Sarriá, se marca la obligación de que existan puntos de agua donde los bomberos puedan abastecerse, que los depósitos de combustible estén aislados de las viviendas, que haya cortafuegos. Además, se ofrecen recomendaciones como que la vegetación no esté en contacto directo con la casa, que no se utilicen materiales combustibles en las fachadas, que no se abran las ventanas y puertas de las viviendas en caso de incendio.

En los planes, según afirma Sarriá, también se incluyen los teléfonos de contacto de los propietarios de los chalés. "En caso de incendio nos es muy útil saber si hay gente en las casas", aclara.

Este problema no es único de Andalucía. "Todo el litoral mediterráneo está afectado", señala Sarriá. En Cataluña, por ejemplo, sólo el 30% de las urbanizaciones dispone de Plan de Autoprotección. Lo descorazonador es que sólo se fija la atención en este asunto cuando las llamas están a las puertas de las parcelaciones. "Sólo hay que recordar las imágenes de los incendios de California o Australia, donde el fuego llega hasta las viviendas". Pero no hace falta irse tan lejos: "En la Costa Azul también han ocurrido desastres. Es algo que va a más, el año pasado, que no fue malo en cuanto al número de incendios, aumentó considerablemente el número de evacuaciones que se realizaron".