El Parlamento ve "inaceptables" los recursos al Estatuto de Extremadura y Valencia

El final de la legislatura (apenas nueve meses para las elecciones) pesó ayer más que nunca en las resoluciones aprobadas por el pleno tras el debate del estado de la comunidad. Los grupos exhortaron al Gobierno autonómico a traer al Parlamento las leyes y planes pendientes -muchos de ellos emanados del nuevo Estatuto- y a imprimir mayor celeridad a sus proyectos. Una de las novedades fue la ley de renta básica e inserción social, apoyada por todos. La Cámara, con la sola oposición del PP, calificó de "inaceptables" los recursos contra el Estatuto de Extremadura y Comunidad Valenciana.

En total se aprobaron 51 resoluciones de 138 presentadas: 35 del PSOE (todas), 9 del PA, 7 de IU y ninguna del PP. La mayor parte de ellas incidieron en el desarrollo de las normas y leyes a las que obliga el nuevo Estatuto, que también acaparó buena parte de las medidas. A iniciativa de Izquierda Unida, y con el respaldo de PSOE y PA, el Parlamento sacó adelante un texto en el que se declara la plena constitucionalidad del Estatuto y se califica de "inaceptables" los recursos presentados por Extremadura (PSOE) y Valencia (PP) ante el Tribunal Constitucional. Los populares votaron en sentido negativo, con el argumento de que respetan las medidas de otras autonomías ante las instancias judiciales.

En el mismo paquete, a propuesta del PSOE, el Parlamento solicita a la Junta que reclame la deuda histórica ante el Ejecutivo central para que se pague en los plazos que señala el Estatuto, así como que queden resueltas las cuestiones técnicas del traspaso del río Guadalquivir este mismo año. También se emplaza a que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008 el gasto de inversión para Andalucía sea equiparable al peso de su población en el conjunto del país.

Los puntos del PP que tocaban esta materia fueron rechazados por el PSOE, lo mismo que le ocurrió a la petición de IU para que la mitad del importe de la deuda histórica se liquide en año que viene.

Como en años anteriores, los populares no lograron sacar adelante ningunas de sus iniciativas. Fueron los únicos en solicitar el adelanto de las elecciones ante el "agotamiento de la legislatura" y los retos que se abren con el flamante Estatuto. PA e IU coincidieron con ellos en reclamar que las elecciones andaluzas no sean simultáneas a las generales, pero los socialistas rechazaron sus propuestas con su mayoría.

De factura socialista fue refrendada que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos comience a impartirse en el próximo curso escolar, ya que "fomenta los valores cívicos y democráticos" de la Constitución y el Estatuto. También que se impulse un acuerdo entre Junta, ayuntamientos y agentes sociales para el desarrollo del derecho a la vivienda, con el objetivo de que se pueda ejercer plenamente en 2012. La futura Ley de Derecho a la Vivienda, que ya fue anunciada por el presidente de la Junta hace un par de meses, debe regular el acceso a la primera residencia, la rehabilitación, y la calidad desde el punto de vista de sostenibilidad.

Asimismo, el PSOE (y por tanto, la mayoría del Parlamento) emplaza a que se presente un proyecto de ley sobre inclusión social, aunque se aprobó otra iniciativa en la misma línea, a sugerencia de IU, que habla directamente de renta básica, y pide su tramitación con carácter de urgencia. La renta básica es un salario mínimo de ciudadanía "un instrumento útil para la inserción social" que "ayude a acabar con la pobreza y los riesgos de exclusión social".

Los izquierdistas lograron sacar igualmente adelante ruegos para que se dé inmediato cumplimiento al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y la presentación urgente de un plan andaluz de cooperación internacional. Otras propuestas aprobadas de IU fueron la relativa a la factoría de Delphi, las mejores condiciones para faenar en el caladero marroquí y el impulso del pacto local.

Del Partido Andalucista, la Cámara autonómica respaldó medidas para la vivienda protegida, el empleo, la modernización de la justicia, el fomento del turismo, las políticas de protección ambiental y el control exhaustivo de las distintas fases del ciclo integral del agua.