Arriba y abajo

Ya sé que lo de ETA y España no es una guerra. Ya sé que se emplea impropiamente el lenguaje cuando se habla de tregua, proceso de paz, etcétera. Pero eso no me impide realizar el siguiente análisis.

En varias ocasiones, a lo largo de más de cuarenta años, ETA ha venido marcando los tiempos y, en algunas ocasiones, tomando la iniciativa, en su odioso oficio de matar. Cuando le interesaba mataba y cuando le interesaba declaraba una tregua. Aunque los españoles no estemos en guerra con ETA, ETA sí cree que está en guerra con España, por lo que sería necesario razonar poniéndose en la posición del otro, que es una forma correcta de acertar en tus conclusiones.

El otro está en guerra. Si nos ponemos en su lugar deberemos entender que cuando alguien decide ir a una guerra sabe que puede ganar o perder. Si ganara imaginamos lo que nos pasaría a los que perdiéramos. Y lo sabemos bien, entre otras cosas, porque casi mil conciudadanos nuestros ya perdieron esa guerra y hoy no están entre nosotros. Si ganamos nosotros, ellos sólo esperan 30 años de cárcel, que no está mal, pero que es una forma de ganar más generosa que la del otro contendiente.

Puesto que nosotros no estamos en guerra, nosotros nunca podemos declarar treguas ni firmar la paz. Los otros, que sí están en guerra, hay veces que declaran una tregua; el apellido de la tregua no importa porque siempre es la misma.

No cabe la menor duda de que la tregua unilateral acaba reportando algún tipo de beneficio a los terroristas. El ejemplo más acabado de lo que digo fue la tregua que ETA declaró en el Gobierno de Aznar. Su entonces ministro del Interior, Mayor Oreja, describe esos beneficios en su libro de reciente publicación. La sola denominación que Aznar hizo de esa pandilla de asesinos, denominándoles movimiento vasco de liberación nacional, en una comparecencia solemne desde el Palacio de la Moncloa, ya fue un beneficio para la banda que nos sonó a ultraje al conjunto de los ciudadanos españoles. Los beneficios penitenciarios, de los que habla Mayor Oreja, ya fueron publicados con pelos y señales por la prensa de entonces y refrescados en los medios de comunicación a raíz de la última tregua de ETA.

En esta última tregua quizá el exponente del beneficio haya sido De Juana Chaos, que decidió no comer porque sabía que en tiempos de tregua se impediría su muerte. Poniéndose en el lugar del otro, observamos cómo De Juana Chaos sabe perfectamente que no es lo mismo la paz que la guerra. Cuando la Audiencia Nacional ha decidido que, repuesto de su anemia voluntaria, el condenado vuelva a prisión, el terrorista ha decidido comer porque sabe que en tiempos de guerra nadie movería un dedo por salvar su vida. Y por eso come, porque sabe que no se puede actuar desde la otra parte de igual forma cuando están en tregua o cuando están en guerra.

Esa lógica que conoce De Juana también es conocida por el conjunto de asesinos que matan como mataba él. ¿Por qué, entonces, no le aplicamos esa lógica que ellos entienden? Si cuando hay tregua ellos reciben beneficios, ¿qué impide que cuando entran en guerra noten los perjuicios?

Ya sabemos que cuando hay tregua, los presos suben hasta llegar o aproximarse a las cárceles del País Vasco. También sabemos que otros presos obtienen la excarcelación. Y además conocemos que algunos miembros de la banda o son enviados a otros países o regresan del País Vasco cesando la persecución contra ellos. Ya deberían saber los otros que si las cosas funcionan así cuando hay tregua, deberán funcionar en sentido contrario cuando hay guerra, que es la situación en la que, en estos momentos, se encuentran los otros.

Lo que nunca puede volver a ocurrir es que la guerra después de la tregua les resulte gratis. Lo que no puede ser es que, ahora que han vuelto a la guerra, nosotros pongamos los muertos y ellos tengan la seguridad de que, cuando les interese, vuelven a la tregua y vuelven a obtener beneficios. Lo sensato sería hacerles saber con hechos y no con palabras que la ruptura de la tregua no es gratis; que si subían cuando no mataban, bajarán hasta el último peldaño cuando matan.

Gobierno y oposición deberían acordar: 1) Traslado de todos los presos etarras a las cárceles más alejadas del País Vasco para que los otros vean la diferencia de trato que existe cuando se mata o cuando no. 2) Ultimátum a los otros para que en el plazo de tres meses la banda se pronuncie sobre el fin o no de su existencia, haciéndoles saber que para nosotros a partir del vencimiento de ese plazo sólo habrá dos escenarios, o final de la banda o continuación. Si continuación, el compromiso público de Gobierno y oposición de que las palabras tregua, alto el fuego o lo que sea, dejarán de existir en el vocabulario de los demócratas y, por tanto, dejará de producir algún tipo de efecto positivo. 3) Si la banda decide terminar, compromiso de Gobierno y oposición para que los terroristas que no tengan delitos de sangre, juzgados o no, salgan en libertad condicional si se encuentran cumpliendo condena; compromiso de instar a las autoridades francesas a igual trato penitenciario para los etarras encarcelados en Francia. Compromiso para que los etarras que se encuentran fuera de España y no tienen delitos de sangre, puedan regresar a nuestro país sin persecución policial.

Tres meses, ése es el tiempo que Gobierno y oposición deben conceder a la banda para que afirmen o nieguen su voluntad de acabar definitivamente su trabajo asesino. Sería la primera vez que Gobierno y oposición declararan una tregua a ETA; sería la primera vez que ETA no estuviera a la espera de nuestra respuesta, sino que sería la banda la que tuviera que responder. Lo que no se puede sostener es que esta mugre humana declare la guerra o la paz cuando quiere, como quiere y donde quiere, sin que paguen ningún tipo de precio adicional. La tarea del Gobierno y de la oposición es fijar los beneficios del fin de la banda y el precio adicional, sin esperanzas, para los que saben que, después de la guerra, vendrá otra tregua con beneficios para ellos. Eso tiene que terminar, debe terminar y la decencia exige que termine.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente saliente de la Junta de Extremadura.