La nueva ley del mercado de valores obligará a adecuar las ofertas financieras al perfil del inversor

Nuevo reglamento de la ley de ofertas públicas de adquisición (OPA) para agosto y nueva ley del mercado de valores para noviembre, al menos en principio. El Gobierno remitió ayer al Consejo de Estado el anteproyecto de ley de reforma del mercado de valores, que traspone la normativa comunitaria relativa a los mercados de instrumentos financieros (Mifid) -con retraso- e introduce novedades de calado: mayor protección para los pequeños inversores y la ruptura del principio de exclusividad de las bolsas para negociar acciones.

La nueva regulación obligará a las empresas que prestan servicios de inversión a adecuar la información y sus ofertas al perfil de cada inversor. El objetivo es facilitar a los pequeños inversores la información necesaria para que éstos comprendan la naturaleza y riesgos del servicio que se ofrece. Los clientes, por su parte, deberán informar a las entidades de sus conocimientos relativos al sector financiero.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que la ley "aumentará la red de seguridad en torno al inversor", con medidas como la obligatoriedad de que las empresas dispongan de un "registro de contratos" de sus clientes. Las patronales del sector financiero han expresado durante los últimos meses sus temores acerca de que la nueva legislación provoque desventajas respecto a otros países europeos.

La ley potencia también la actividad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y acaba con el monopolio de las bolsas en la intermediación de valores. Fernández de la Vega aseguró que lo que se persigue es "adaptar la Bolsa a los nuevos tiempos" y a la existencia de "productos financieros cada vez más sofisticados".

La directiva se sometió a audiencia pública en marzo -con dos meses de retraso- y tras su paso por el Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que entre en vigor en noviembre. La patronal de las cajas -la Ceca- ha alertado de los costes de la aplicación de la nueva normativa, unos 200 millones de euros. Para la Asociación Española de Banca, lo fundamental es "tener una regulación homogénea con el resto de la UE".

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