La Eurocámara expresa su "más enérgica condena" al dislate urbanístico español

El Parlamento Europeo condenó ayer de nuevo los dislates urbanísticos en España, encarnados en el enladrillado de la costa mediterránea. La resolución —propuesta por socialistas, liberales, verdes e izquierda, y carente de valor vinculante— expresa su "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España y advierte de la indefensión que sufren los residentes españoles y europeos.

La censura de la Eurocámara a las prácticas urbanísticas en España -que se aprobó por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones— se sostiene en el informe aprobado el pasado mes de abril por la Comisión de Peticiones y cuyo contenido sirvió como base del debate celebrado el pasado martes en el Parlamento.

Las pesquisas de los europarlamentarios en torno al urbanismo en Andalucía, Madrid y Valencia fueron motivadas por las quejas de ciudadanos que se veían obligados a ceder propiedades adquiridas legalmente y a sufragar lo que consideraban costes arbitrarios por la urbanización de los terrenos. Durante la inspección, los europarlamentarios se toparon con un peculiar urbanismo español de "proyectos que no responden a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas", como señala la resolución aprobada ayer.

La Eurocámara "expresa su más enérgica condena y oposición a las macroproyectos de urbanización" y pone "en tela de juicio los métodos de selección de los promotores y agentes urbanizadores, así como las competencias, a menudo excesivas, que en la práctica les otorgan las autoridades locales" a expensas de los intereses del ciudadano.

La resolución pinta un cuadro de Salvaje Oeste al hablar de corrupción en la administración local y de "interferencias en el registro de la propiedad".

También recuerda el Parlamento los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea ante las deficiencias en la contratación pública de proyectos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, que llevarán la próxima semana a España al Tribunal de Justicia de la UE, y propone soluciones. La primera es reclamar "a las autoridades españolas, a los gobiernos autonómicos y, en particular al valenciano, que reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios más precisos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución española con respecto a la utilidad pública y el interés social, con el fin de prevenir y prohibir que las decisiones de las autoridades locales y regionales vulneren los derechos de propiedad de las personas".

Los eurodiputados instan, además, a la creación de "comisiones especiales que cuenten con la participación de los defensores del pueblo locales" y dotadas de "poderes de arbitraje sobre los conflictos relacionados con los proyectos urbanísticos". Finalmente, piden que en caso de expropiación, las compensaciones se efectúen a partir de "tasaciones adecuadas y conformes a la jurisprudencia" europea. Para un PP dolido, la resolución "es una invasión de competencias sin precedentes de la Eurocámara, que busca sustituir decisiones de Parlamentos autonómicos, del Parlamento español e incluso del Tribunal Constitucional", dijo ayer el eurodiputado popular Carlos Iturgaiz. El valenciano Juan Manuel García-Margallo subrayó que los ciudadanos apoyaron el pasado 27-M al PP con mayorías absolutas en Madrid y Valencia.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, respondió que cada vez más ciudadanos reclaman un urbanismo sensato, y lamentó que haya otros que con su voto "parecen haber aceptado" el modelo de urbanismo insostenible que denuncia la UE. La Generalitat Valenciana insistió en que se cumple la legalidad urbanística.