El Gobierno valenciano mantiene el recurso contra el Estatuto andaluz, que apoyó Rajoy

El Defensor del Pueblo no recurrirá al Constitucional como hizo con la reforma catalana

El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, formalizó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz por "razones de financiación". El recurso, anunciado el viernes, se mantiene pese a las presiones de los populares andaluces y la dirección del PP, ya que se trata de una reforma estatutaria apoyada por el propio Mariano Rajoy. Camps pretende forzar cambios en la financiación autonómica. El defensor del pueblo, Enrique Múgica, dijo que no recurrirá el texto andaluz porque ya impugnó el de Cataluña por el mismo motivo.

Camps esperó ayer a contar con el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu para reiterar que mantiene el acuerdo de Gobierno adoptado el pasado viernes de recurrir ante Tribunal Constitucional (TC) el Estatuto andaluz. El recurso de inconstitucionalidad se presenta contra la disposición adicional tercera del Estatuto, que señala que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años". Un criterio que el Gobierno central está dispuesto a aplicar a partir de los Presupuestos Generales del Estado de 2008.

Las presiones del presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, y de la dirección nacional del PP no han conseguido que Camps renuncie a acudir al Constitucional, aunque el presidente valenciano indicó ayer que está dispuesto a retirar el recurso si su partido y los socialistas pactan un nuevo sistema de financiación autonómica.

Para la Generalitat valenciana, el recurso es "la única vía procesal posible para que el Tribunal Constitucional interprete la contradicción existente entre las distintas vías de financiación de los Estatutos catalán y andaluz". La Generalitat valenciana ya ha recurrido el Estatuto catalán por motivos de financiación y en el recurso contra el Estatuto andaluz también hace referencia a ello.

Arenas aseguró en Sevilla que Camps le había trasladado "por activa y por pasiva la plena constitucionalidad del Estatuto de Andalucía" y responsabilizó a José Luis Rodríguez Zapatero de la decisión del Gobierno valenciano. "Se ha roto el consenso en materia de financiación autonómica, cuya responsabilidad es del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y cada vez que se rompen los consensos sin política alternativa, termina pasando lo que está pasando", dijo Arenas.

El presidente de la Generalitat valenciana afirmó ayer que una vez constituido su nuevo Gobierno contactará con su homólogo andaluz, Manuel Chaves, y Arenas "en calidad de máximos responsables de los partidos que consensuaron el Estatuto de Andalucía" para analizar las consecuencias que el artículo recurrido tendrá en la financiación del resto de autonomías. Chaves y Arenas mostraron su disposición a conversar con Camps si ello sirve para que retire el recurso. A última hora de la noche de ayer se fijó un encuentro -por separado- para el próximo 11 de julio, según fuentes del Ejecutivo valenciano. Las reuniones de Camps con Chaves y con Arenas tendrán lugar, previsiblemente, en Sevilla.

Presidencia de la Generalitat valenciana insistió ayer en que el recurso se presenta por "razones de repercusión financiera" y no porque se dude de la constitucionalidad del texto andaluz en su conjunto. El Ejecutivo valenciano ha reclamado reiteradamente una mejora del sistema de financiación, que no prevé los importantes crecimientos de población como consecuencia del fenómeno de la inmigración.

Camps exige desde hace meses que el Gobierno actualice el censo de 1999, que sirve de base al sistema de financiación autonómica, ya que en ese periodo de tiempo la población de la Comunidad Valenciana ha pasado de cuatro a casi cinco millones de habitantes.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, relacionó el recurso de la Generalitat valenciana contra el Estatuto andaluz con "el lío y el enfrentamiento que mantienen algunos dirigentes del PP como Zaplana, Camps y Arenas". "Sería muy grave que hayan querido dar una patada a Arenas en el trasero de Andalucía", dijo Zarrías, quien defendió la constitucionalidad del Estatuto andaluz.

Por otra parte, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, anunció ayer que no presentará recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz "aunque las cuestiones suscitadas por esa norma pudieran ser similares a las que motivaron el recurso sobre el Estatuto catalán". Múgica argumentó su decisión en que, a pesar de que el recurso contra el Estatuto catalán "afecta sólo a los preceptos sometidos a sentencia, sin duda se proyectará a las demás normas básicas, si se produjera identidad o similitud textual entre ellas".

El Gobierno catalán, a través del consejero de Economía, Antoni Castells, calificó ayer de "penosa" la actitud del Defensor del Pueblo al entender que "muchos parecen más preocupados por Cataluña que por el resto de autonomías".

Camps y Arenas, en una foto de octubre de 2003.
Camps y Arenas, en una foto de octubre de 2003.MANUEL ESCALERA

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 19 de junio de 2007.

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