Cacharro declara ante el Supremo por su presunta malversación

El presidente en funciones de la Diputación de Lugo y senador, el popular Francisco Cacharro, declaró ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, instructor de la querella presentada por el fiscal sobre los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental derivados del abono supuestamente ilegal de dietas a vicepresidentes de la institución.

Cacharro rehusó hacer declaraciones a la salida del tribunal pero su abogado, el diputado del PP Julio Padilla, afirmó que la imputación contra su cliente "es una interpretación equivocada de la legislación".

La querella contra Cacharro fue admitida a trámite el pasado mes de marzo y en febrero la junta de fiscales del Tribunal Supremo acordó por unanimidad retirarle la inmunidad parlamentaria para que pudiese ser imputado. La querella del fiscal atribuye a Cacharro un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental y afirma que "se ha recogido gran cantidad de elementos de convicción que ponen de manifiesto que Cacharro, en su calidad de presidente de la Diputación Provincial de Lugo, impartió órdenes y autorizó los pagos ilegales que son objeto del proceso".

La investigación fue iniciada por el ex fiscal jefe de Lugo Jesús Izaguirre. Sus investigaciones provocaron que fuesen imputados además el interventor de la Diputación; sus vicepresidentes José Carlos Rodríguez Andina (ex alcalde de Ribadeo), Julio Álvarez Núñez (reelegido alcalde de Quiroga) y Antonio Muíña Pena (reelegido alcalde de Friol); la diputada Fe Rodríguez Rocha (ex alcaldesa de Lourenzá); y el ex vicepresidente de la Diputación Luis Rego Valcarce (ex regidor de Mondoñedo).

Según las investigaciones, entre los ejercicios de 2001 y 2004, recibieron dietas por diversas cantidades por acudir al Pazo de San Marcos, sede de la Diputación de Lugo. El fiscal entendió que la percepción de estas cantidades es ilegal porque los diputados no contaban con dedicación total o parcial a sus tareas, de forma que sólo podrían cobrar por su asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados o por los gastos ocasionados por ejercer sus funciones.

'Operación Muralla'

El fiscal Izaguirre impulsó también la conocida como Operación Muralla por la supuesta adjudicación irregular de obras públicas de la Diputación, lo que supuso el registro del Pazo de San Marcos, sede de la institución provincial.

Esta operación condujo a la detención de diez personas acusadas de un supuesto delito de fraude en la adjudicación de asistencias técnicas de la diputación lucense a través de la empresa de ingeniería Senén Prieto y de Setramur. Posteriormente, el fiscal amplió las imputaciones a otras ocho personas, entre funcionarios de la Diputación, de la Confederación Hidrográfica del Norte y particulares.