Municipios en marcha

Con la constitución de los ayuntamientos surgidos de las elecciones del 27 de mayo, realizada de forma tranquila salvo en algunas localidades de Euskadi alborotadas por la protesta de ANV, se inició ayer el nuevo mandato municipal, marcado por la necesidad de hacer frente a algunos de los más repetidos temas de campaña como la corrupción urbanística. Sea cual fuere el color de los recién estrenados equipos de gobierno, estos cuatro años no debieran pasar en balde a la hora de poner fin a uno de los fenómenos que más ha degradado la vida política en España, además de deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos por la vía de la destrucción del entorno natural y paisajístico de numerosos municipios.

La baja participación en las elecciones del 27 de mayo no cuestiona en absoluto la legitimidad de los resultados, pero constituye un síntoma preocupante que los partidos tienen que empezar a combatir con determinación. Asumidas oficialmente sus funciones, los alcaldes y concejales de los más de 8.000 municipios de los que consta el país no pueden seguir utilizando la corrupción como arma arrojadiza, sino que están obligados a adoptar medidas creíbles para desterrarla de sus ámbitos de competencia.

Las elecciones municipales no fueron una primera vuelta de las generales inicialmente previstas para marzo del próximo año. Por esa razón, tiene poco sentido considerar como un indicio incontestable acerca del futuro la suma de los votos recibidos por cada opción. La insistencia en esta idea ha podido representar un momentáneo consuelo para el Partido Popular (PP), cuya estrategia de tensar el debate político le ha llevado a romper los puentes con el resto de las formaciones políticas y, como consecuencia, a dilapidar su condición de partido más votado en numerosos municipios y ciudades.

En las elecciones municipales del 27 de mayo se decidía estrictamente quién gobernará los ayuntamientos durante los próximos cuatro años y el resultado es patente desde este sábado: el PP ha sufrido una importante pérdida de poder efectivo en la gestión local, en particular en las capitales de provincia. El partido socialista gobernará en 23 de ellas -sin contar Mérida y Santiago de Compostela, en las que también gobernará-, nueve más que en la anterior elección, mientras que la fuerza de Mariano Rajoy tendrá que conformarse con hacerlo en 22, 11 menos que en 2003. Desde 1995, los socialistas no superaban en capitales de provincia a los populares, pero desde ayer gestionarán los intereses locales del 60% de la población española. El poder municipal del PSOE ha aumentado de forma significativa y el ejercicio de ese poder puede tener consecuencias en las próximas elecciones generales.

Si elaborar hipótesis que proyecten los resultados del 27 de mayo hacia las próximas elecciones generales constituye un ejercicio arriesgado, el análisis de los pactos para formar los ayuntamientos sí que representa una clave relevante para interpretar el último tramo de esta convulsa legislatura. Además de quedar en evidencia la soledad política del PP, se ha podido observar que los acuerdos de los socialistas con los partidos de la órbita nacionalista no son resultado de una simple opción, sino de la necesidad.

Poco a poco, el panorama electoral español parece ir consolidándose como un modelo en el que, por el momento, sólo se vislumbran dos mayorías posibles, una encarnada por el PP y la otra por el resto de las fuerzas políticas. No es la mejor situación para la estabilidad del sistema político, porque va acumulando frustración en el seno de la fuerza con un mayor -aunque insuficiente- apoyo y porque acrecienta la influencia efectiva de los partidos que no aspiran al Gobierno central. Rajoy ha sugerido corregir esta tendencia por la vía de garantizar mediante acuerdos políticos, y en su caso hasta por ley, la investidura de los candidatos más votados. Aparte de pretender que se alteren las reglas de juego en función de los resultados, el líder del PP parece empeñado en buscar la solución a través de un injustificado rodeo: prefiere modificar el sistema antes que reconocer el error político que supone jugar la carta del aislamiento, que equivale a proclamarse en posesión exclusiva de la razón frente al mundo.

Pero no todo en esta polarización asimétrica serán beneficios para los socialistas. Algunas alianzas municipales, y en particular en el caso de Navarra, hace más vulnerable su posición en las elecciones generales. No porque sus pactos con Nafarroa Bai sean rechazables desde el punto de vista democrático, sino porque Nafarroa Bai se ha desentendido de las consecuencias de algunas de sus decisiones en un clima político como el que se vive. En concreto, la decisión de no recoger todas las actas que le corresponden en aquellos municipios en los que ha sido relevante el número de votos nulos, fórmula auspiciada por ANV. Se trata de una anomalía institucional que, al tiempo que contribuye a enrarecer el ambiente en el País Vasco y Navarra, convierte el apoyo de NaBai en un previsible flanco débil para los socialistas, que los populares no dejarán de utilizar.