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Tras la OPA es la hora de la política energética de España

Ahora que parece terminar el culebrón de Endesa con el previsible desalojo de sus dirigentes-okupa, hay que centrarse en lo importante en el sector eléctrico español: cómo podemos tener un abastecimiento más seguro, barato y sostenible a medio y largo plazo. Porque Endesa ha perdido y contribuido a hacer perder al país, una década de posible progreso energético.

Si analizamos la evolución de la cotización en Bolsa, que es el indicador supremo (según nos han contado los neocons) del valor de una actuación empresarial, aparece en el primer gráfico una realidad de partida muy clara: Endesa fue de 1990 a 1998 la eléctrica que aumentó su valor muy por encima de las demás, en correspondencia con su ejecutoria de empresa pública innovadora y líder del sector.

"Los reguladores deben tener el protagonismo y centrarse en aspectos como la seguridad, los costes y la sostenibilidad"

La llegada del Partido Popular al Gobierno alteró sustancialmente esta situación, al sustituir a su presidente (un prestigioso profesional de la energía toda su vida, primero, por un falangista burócrata, también toda su vida) y luego por un agente de Bolsa sin conocimientos del sector, ambos miembros o muy influyentes en el PP, que conformaron en Endesa un equipo directivo bastante limitado.

El resultado, a partir de entonces, también aparece nítido en el segundo gráfico: mientras las dos principales eléctricas privadas multiplican su valor, Endesa, también totalmente privatizada a partir de 1998, se estanca muy por debajo de sus posibilidades. El caso es de libro y en consecuencia Endesa, después de siete años sin conseguir siquiera mantener la cotización del último tramo de su privatización, pasa de opar (en la década anterior) a ser opada por otra empresa española en 2005.

El resto es el culebrón, al que me refería al principio, impulsado por los dirigentes de la empresa que, incapaces todos esos años de generar valor industrial a sus accionistas, si han sido luego muy capaces de extraerlo financieramente en Bolsa, dando información y apoyando la venta a otra empresa competidora extranjera de su primogenitura de antigua empresa líder por un plato de lentejas (con chorizo, eso sí, para sus dirigentes).

No es por ello verídica la imagen de héroe patrón de los accionistas minoritarios con la que se envuelve el presidente de Endesa (sí podría serlo en el último año de los hedge funds especuladores), ya que los que acudieron en 1998 a la última privatización sólo recuperaron lo invertido en 2005, consiguiendo hoy, después de tantas opas, multiplicar su inversión por dos, mientras la habrían multiplicado por 2,4 invirtiendo en aquella misma fecha en Iberdrola o por 3,6 haciéndolo en Unión Fenosa.

El enroscamiento en sus sillones y el hostigamiento al entorno político de los dirigentes de Endesa ha provocado además, no sólo un cierto deterioro institucional (especialmente agudo en el Tribunal Supremo, que ha sometido a decisiones del Gobierno a sorprendentes suspensiones cautelares y posteriores levantamientos, a la medida aparente del interés de los dirigentes de Endesa) sino que ha descentrado la atención y el esfuerzo de los entes reguladores: Ministerio de Industria y CNE, de temas de más enjundia que afectan, por encima de los accionistas, al interés de todos los consumidores.

Por ello son los reguladores los que tienen que tener ahora el protagonismo y centrarse (tras el culebrón de la opa) en aspectos como la seguridad, costes y sostenibilidad a largo plazo del abastecimiento energético, que no son adecuadamente considerados por un mercado sin competencia real y miope, que está dominado por expectativas meramente económicas y a corto plazo. Es pues en España la hora de la política energética.

¿Qué política energética necesitamos? En primer lugar, para hacer política energética en España es mejor disponer de empresas eléctricas españolas y desde este punto de vista la situación ha mejorado sensiblemente, respecto al momento en que Endesa fue sentenciada por sus dirigentes a ser una filial de una empresa alemana, e Iberdrola y Unión Fenosa se encontraban (tras la salida de BBVA y Santander como accionistas de referencia) prácticamente sin dueño y a expensas de cualquier otra opa, propiciada por la de E.ON, de otras empresas europeas.

Las situaciones son hoy mucho mejor por dos motivos: en todas esas empresas existen accionistas españoles de referencia y se ha establecido además una presencia significativa en España de dos nuevas potentes empresas eléctricas: ENEL y E.ON que pueden jugar (y hay que estimularlas a que lo hagan) un papel competidor importante

Por otro lado, las empresas tradicionales no son muchas veces los agentes que introducen las innovaciones en el sector eléctrico, como se ha puesto de manifiesto en la energía eólica (vendida por Endesa, después de haber sido pionera en ella) sobre la que nunca anticiparon que podrían instalarse los 11.000 MW actuales (un 50% más que los nucleares) o los 20-30.000 posibles futuros.

Este sector de las energías renovables tiene sin embargo especial interés en nuestro país, por lo que hay que efectuar una apuesta tecnológica conjunta publicada-privada para que se desarrollen en España renovables que produzcan electricidad, en las que -al contrario de los recursos fósiles- tengamos ventajas comparativas.

Esto sucede especialmente con la energía solar térmica de alta temperatura, por concentración en colectores cilíndrico-parabólicos o torres, en la que España tiene ventajas, por su mayor irradiación solar respecto a Centroeuropa, por la I+D acumulada en la Plataforma solar de Almería y por la presencia de empresas privadas muy activas en esta área.

La maximización del uso de las energías renovables requerirá finalmente, sin embargo, que el operador eléctrico pueda gestionar la energía hidráulica acumulable y que aumenten las interconexiones internacionales. Lo primero implica reajustar el uso del dominio público hidráulico y lo segundo debe ser apoyado por una política internacional, que potencie la seguridad del aprovisionamiento energético (interconexionando electricidad y gas con Europa) y encauce la inmigración con una ayuda al desarrollo en la que la energía tiene también un papel importante en lo que se refiere al Magreb, y que se lleve a cabo además con la ambición y las alianzas necesarias con EDF y Enel.

Otro de los aspectos que tiene que abordar la política energética es aumentar la seguridad del suministro a medio plazo, ahora muy dependiente de un gas poco almacenable y con riesgos de suministro. Ello hará necesario (nos guste más o menos) seguir teniendo disponibles durante las próximas décadas las opciones de carbón y nuclear, hasta que haya podido dar fruto el desarrollo tecnológico de las renovables y, especialmente, de la solar eléctrica. Sin embargo, dadas las especiales características medioambientales y de seguridad de las centrales de carbón y nucleares, su uso debería venir acompañado de una serie de cautelas.

Para poder seguir generando electricidad con carbón (y también con gas) será necesario proceder al confinamiento en formaciones geológicas de una parte importante del CO2 producido en ellas, para no continuar agravando el cambio climático. Esto exigirá un planteamiento a escala -como mínimo- del conjunto del país, por lo que habrá que plantearse la conveniencia de ejecutarlo a través de un ente público especializado, siguiendo el modelo de ENRESA para los residuos radiactivos.

En relación con la nuclear existe un gran contraste entre el rechazo social máximo que provoca y el reducido coste de funcionamiento de las centrales en operación. El rechazo puede estar relacionado con la naturaleza y actitud de las empresas propietarias de las centrales nucleares (al contrario de lo que sucede en Francia con la empresa estatal EDF, que las ha promovido con gran éxito). También aquí hay que hacer referencia (las desgracias nunca vienen solas) al desafortunado comportamiento de Endesa en un incidente con su nuclear de Vandellós, sobre el que la hoy presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear declaró que el explotador "minimizando el incidente y atribuyendo al CSN los errores... estuvo a punto de llevarse por delante a la institución reguladora... supuso el cuestionamiento de la solvencia de las plantas... y se perdió mucho dinero porque estuvo parada seis meses".

Para evitar que esto pudiera volver a suceder, por la seguridad y el bolsillo de todos los españoles, podría considerase alguna readaptación institucional en este ámbito, que tuviera como consecuencia la mejora de seguridad y consiguiente mayor confianza social, que hiciera posible aprovechar su ventajoso flujo económico para mejorar el suministro energético futuro.

Y por último y para ese bolsillo al que me refería: hay que fomentar la competencia real, sin la cual no hay auténticos mercados y que, sin embargo, no florece espontáneamente, sino que tiene que ser inducida por una regulación no intrusiva pero firme. Dos sugerencias: potenciar a los comercializadores, eléctricos e independientes, haciéndoles obtener beneficios adicionales: por el ahorro efectuado por sus clientes, por la gestión de demanda que aplane la curva de carga y por fomentar la cogeneración distribuida con unidades mini y micro. La segunda, efectuar regularmente un seguimiento público especializado del posible ejercicio de poder de mercado de los generadores.

Sobre estas y otras medidas es sobre lo que hay que debatir; son las que afectan a los ciudadanos; mucho más que las opas. La energía no es una commodity, es seguridad y es cambio climático. El mercado no es suficiente y hace falta anticiparse a los problemas que crea, o no resuelve, con políticas energéticas de interés general.

Martín Gallego Málaga fue secretario general de la Energía 1982-1986.

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