"Corre, corre, eres libre..."

José Campoy Maldonado, interno de la prisión de Albolote (Granada) se dirigió el pasado 21 de marzo a uno de los educadores del centro. Quería saber cuánta condena le quedaba por cumplir. El funcionario consultó su expediente y volvió al módulo.

- No estás condenado. Estas preventivo (a la espera de juicio).

José creyó que el educador se equivocaba.

- ¡Que no! ¡Que yo ya he ido a juicio y todo! Aquí tengo los papeles del juzgado.

"Los papeles" era una sentencia absolutoria del juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) del 10 de enero de 2006 firmada por su juez titular, Adelina Entrena. Desde ese día, Campoy había permanecido preso de manera irregular. Cumplió sin motivo 437 días de cárcel. 16 meses de reclusión para una persona que había sido considerada inocente.

"Si no hubieran venido las televisiones tampoco hubiéramos pedido indemnización"

¿Cómo pudo fallar tan clamorosamente el sistema judicial? La respuesta la da el propio José, visiblemente afectado por años de adicción a la heroína: "Nadie se puso en contacto conmigo para decirme que no me condenaron. Cuando me enteré después, me dio hasta un mareo". El juzgado se olvidó de ordenar a la cárcel su puesta en libertad; su abogado de oficio tampoco reparó en que su cliente seguía encerrado al igual que el Ministerio Fiscal. El centro penitenciario, por su parte, sólo se dio cuenta del error 17 meses después de que se lo entregaran.

José Campoy fue detenido el 15 de noviembre de 2005 tras sucesivas incomparecencias a su juicio por un tirón (robo con violencia) presuntamente cometido en diciembre de 2003 por el que el fiscal pedía cuatro años de cárcel. Como la juez Entrena se encontraba ausente, fue el juez sustituto Dalmacio Martín el que lo envió a prisión provisional ese mismo día para asegurar su presencia en el proceso.

El juicio oral, en el que declararon el propio Campoy, la víctima del robo y un policía, se celebró el 23 de diciembre de 2005. Esta vez sí que presidía la titular del juzgado, Adelina Entrena. Dos semanas largas después, el 10 de enero, Entrena absuelve a Campoy del delito de robo con violencia por falta de pruebas, pero se olvida de enviar al centro penitenciario el mandamiento de puesta libertad, lo que le ha costado la suspensión provisional de sus funciones, la posible apertura de un expediente disciplinario que podría acarrear su expulsión de la carrera y una causa penal por un delito contra los Derechos Fundamentales iniciada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En sus alegaciones a la querella del fiscal, Entrena reparte responsabilidades, considera que todas las partes fueron culpables de la negligencia y califica lo sucedido de "omisión por parte de todos los que participamos en la administración de justicia". "Es el propio acusado, el letrado, el Ministerio Fiscal, el juez y especialmente el centro penitenciario el que debe proveer o solicitar la libertad del señor Campoy", continúa Entrena. La juez, que atraviesa una depresión y se encuentra ingresada en una clínica, afirma que tras el juicio pensó que el acusado estaba preso por otra causa. Sin embargo, no reseña cómo pudo pasar por alto la información suministrada por el juez sustituto sobre el acusado.

En una visita sorpresa realizada al juzgado el pasado 6 de junio, dos inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constataron cómo, el día en que se juzgó a Campoy, entre la documentación que manejaron la juez Entrena y las demás partes se encontraban "copias del mandamiento de prisión a la cárcel" o la comunicación de la prisión poniendo en conocimiento que el acusado quedaba "en calidad de preso preventivo a disposición del juzgado de lo Penal". A pesar de ello, la sentencia absolutoria firmada por la juez recoge en su encabezamiento que Campoy estaba "en libertad provisional por esta causa". Fuentes del caso aseguran que esa frase fue la que despistó al abogado de oficio de Campoy, Miguel González López, y al fiscal, que se desentendieron del caso por entender que el acusado se encontraba en la calle como mantuvo Entrena en su resolución.

El director del centro penitenciario de Albolote, Nahúm Álvarez, confirma que la orden de puesta en libertad del juzgado, el papel que necesita Instituciones Penitenciarias para liberar a un preso, nunca llegó. "A nosotros sólo nos constaba que era preventivo y que estaba en prisión por robo, pero al no haber llegado a los dos años en prisión provisional [el tiempo máximo que podía permanecer en esa situación], no nos preocupamos", afirma Álvarez, que asegura que la información sobre las causas de los internos en espera de juicio suele ser menos precisa que la de los penados. El director recuerda que las resoluciones "se notifican personalmente" a los presos y que a la administración penitenciaria sólo llegan los mandamientos de prisión o libertad de los juzgados. Pero Álvarez no deja de considerar "insólito" que Campoy creyera que lo había condenado, algo que achaca a su "escaso nivel de instrucción" y, en parte, a su drogodependencia. El director lo recuerda "muy deteriorado físicamente".

En este caso, como en el de otro preso que pasó entre rejas un mes más de lo que estipulaba su pena y que también dependía del juzgado de Entrena, fueron los funcionarios de prisiones los que detectaron el error judicial. Los inspectores del CGPJ aseguraron en su informe que el descontrol de los reclusos era total. "El libro de presos preventivos, llevado por la secretaria judicial, se muestra como un instrumento inútil para el control de este tipo de causas". Campoy, enviado a prisión por ese mismo juzgado, ni siquiera constaba en él.

"Corre, corre, eres libre", recuerda Campoy que le ordenó el funcionario cuando la prisión advirtió el error. "Tranquilo, que no es para tanto", dice que le respondió este toxicómano, de 32 años y con 13 hermanos que duerme en un coche abandonado e intenta ganarse la vida de gorrilla. Preguntado sobre por qué no hizo algo al recibir la sentencia absolutoria, asegura que le extrañó permanecer en la cárcel, "aunque no se me ocurrió preguntar antes, porque tenía fe en la justicia".

Ahora ya no cree en ella y por eso, junto a su familia, ha decidido buscar "un buen abogado" para reclamar por la cadena de errores que se cometieron con él. Desde el sillón del humilde piso de sus padres, en el barrio de Varadero, cercano al puerto de Motril, admite que, tras su salida de la cárcel, ha estado a punto de perder otra oportunidad. "Si no se hubieran plantado aquí decenas de televisiones tampoco habría hecho nada para que me paguen una indemnización".