Un perito tacha de "burda falsificación" un documento de López-Santacruz
El perito Fernando Ruiz Álvarez aseguró ayer en el juicio contra el ex director del aeropuerto de Bilbao Segismundo López-Santacruz por supuesto cobro de comisiones de obras y contrataciones irregulares que el documento presentado por el acusado para justificar sus cuantiosos ingresos es una "burda falsificación". Ruiz Álvarez, experto en caligrafía, se refería a un documento de compraventa de una vivienda en Pamplona que López-Santacruz presentó hace unos meses al juzgado que le ha investigado, en el que figuaraba la venta de dicha casa por 56 millones de pesetas (336.000 euros).
Sin embargo, hace tres años, durante la instrucción de la causa, el ex director había presentado el documento de la compraventa con una cifra de 186.000 euros. Esos 150.000 euros de diferencia han sido esgrimidos por el imputado como uno de los ingresos sin justificar que figuran en las cuentas bancarias de su familia, que, según otro perito judicial, ascendieron a 950.000 euros entre 1998 y 2000, el periodo en el que trabajó como director del aeródromo.
El perito caligráfico negó ayer autenticidad a este segundo documento. Aseguró que la firma de la vendedora, Laura Hernández, la esposa de López-Santacruz, es auténtica, pero la de los compradores -un matrimonio de Pamplona que también testificó el jueves- fue "escaneada". "Nadie firma dos veces igual. Es imposible. Siempre hay algún trazo vivo", sostuvo Ruiz Álvarez.
Este testimonio se une al del matrimonio que adquirió la vivienda, que aseguró en el juicio que "nunca" abonaron ese dinero extraordinario y calificaron de "absurda" la cantidad de 336.000 euros. "Entonces [en 1998] no valía eso" el piso. Esta supuesta falsificación del documento de compraventa le ha supuesto al ex director la apertura de otra causa en un juzgado de Pamplona.
La auditora María Jesús Garay, propuesta por la defensa y que elaboró un informe sobre las cuentas de López-Santacruz, aseguró desconocer ese segundo contrato del piso de Pamplona.
Tras la sesión de ayer sólo resta la declaración de un testigo -la empleada de una inmobiliaria de Pamplona que intervino en esta operación de venta-, prevista para el próximo lunes, con lo que el juicio quedará visto para sentencia tras la presentación de conclusiones de la fiscal, la acusación ejercida por AENA y la defensa.
López-Santacruz se enfrenta a una petición de la fiscal de 10 años de cárcel por delitos de falsificación de documento oficial, malversación de caudales, fraude y cohecho. La acusación particular eleva su petición a 19 años. El ministerio público pide para Hernández cinco años por falsificación de documento oficial y receptación y AENA, nueve años.
