Acuamed lleva al Constitucional estudios favorables a la desaladora de Torrevieja

Acuamed ha presentado sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre el conflicto de competencias entre el Gobierno y el Consell en la desaladora de Torrevieja, acompañadas de tres informes que desacreditan las críticas de la Generalitat a la planta. Los informes proceden de Universdad Politécnica de Valencia, de la Universidad de Alicante y del Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), dependiente del Ministerio de Fomento. Ayer, una delegación europea visitó la planta y las obras del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó.

"El agua está dejando de ser un problema en la Comunidad Valenciana", defendió Adrián Baltanás, director general de la empresa pública de aguas Acuamed durante la visita realizada ayer a la desaladora de Torrevieja, la obra más ambiciosa del programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente. Es también el proyecto al que el Consell le ha puesto más obstáculos. La Generalitat es muy crítica con cualquier iniciativa hidrológica del Gobierno desde que éste derogara el trasvase del Ebro.

Adrián Baltanás realizó estas declaraciones poco antes de que se iniciara la visita de una delegación europea a las obras que cofinancia Bruselas. Delegación en la que estaba presente el responsable europeo de los fondos que se asignan a la Comunidad Valenciana y un miembro de la oficina medioambiental. Ambos visitaron tanto la desaladora como las obras del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó en la comarca de La Vega Baja. También acudieron el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, la subdelegada, Encarna Llinares, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita.

Acuamed aprovechó la visita de ayer de la delegación comunitaria para anunciar que junto a las alegaciones que ha presentado ante el Tribunal Constitucional "para que se mantenga la suspensión de la orden de paralización de las obras dictada en su momento por el Consell" ha incluido tres informes que dejan claro que las acusaciones de la Generalitat contra la desaladora "carecen de fundamento científico. Los informes descartan daños en la posidonia marina y dejan claro que el proyecto cumple con las exigencias marcadas en la normativa europea.

La documentación presentada esta semana por Acuamed ante el Constitucional forma parte del normal desarrollo de la causa abierta en este tribunal tras la admisión a trámite del conflicto positivo de competencias presentado por el Gobierno en contra de la decisión del Consell de paralizar la construcción de la desalinizadora. Ayer, Acuamed recordó también en una nota que la desaladora "cuenta, además, con el informe positivo de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y con la financiación de la Comisión Europea, que aporta 55 millones de euros para su construcción, lo que demuestra que cumple con la normativa comunitaria". Bruselas también dio la razón al Gobierno al no admitir a trámite la demanda presentada por el Consell contra la construcción de la desaladora en Torrevieja. El Ministerio de Medio Ambiente recordó, igualmente, que no ha sido la única ocasión en la que Bruselas ha desestimado las quejas del Gobierno valenciano, ya que también decidió no admitir a trámite la denuncia presentada por el ejecutivo de Francisco Camps en 2004 contra el Decreto Ley de modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN).