Futilidad o traición

MIENTRAS ARNALDO OTEGI fingía burlonamente la equidistancia de un juez supremo al pronunciarse sobre el comunicado de ETA del martes (responsabilizando de la ruptura de la tregua "única y exclusivamente" a la banda armada, pero culpando sólo al Gobierno y al PNV "del colapso del llamado proceso de paz"), Rajoy desplazaba el centro de sus críticas a las negociaciones mantenidas por el Ejecutivo con los terroristas y a sus presuntas cesiones. El presidente del PP no mencionó -como hubiese debido- las abismales diferencias que separan los eventuales errores cometidos por un adversario político que compite en unas elecciones democráticas y los crímenes perpetrados por un enemigo del sistema de libertades que asesina a los discrepantes.

Un nuevo pacto antiterrorista para proteger los intereses generales frente a ETA deberá superar las resistencias de los intereses partidistas y ampliar el número de grupos políticos comprometidos

No siempre es fácil distinguir entre los intereses generales que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparten y los intereses partidistas que los dirigentes políticos lanzados a la conquista del poder del Estado defienden. Si bien la lucha contra el terrorismo es un sobresaliente ejemplo de las causas comunes en cualquier sociedad, los debates interpartidistas sobre los procedimientos para llevar a cabo ese combate con éxito suelen reintroducir por la ventana los demonios de la polémica faccionalista arrojados virtuosamente por la puerta. El presidente Zapatero y el líder del PP han anunciado su propósito de buscar fórmulas de entendimiento para afrontar de consuno el recrecido desafío de ETA. Sin embargo, la propensión de los partidos a sacar ventajas simbólicas de ese tipo de negociaciones podría llegar a entorpecer el acuerdo. El mitificado y acrítico aferramiento de los populares al Pacto por las Libertades firmado el 8 de diciembre de 2000 por el PP y el PSOE -e impulsado paradójicamente por Zapatero, entonces líder de la oposición- no debería ser un obstáculo para la aconsejable ampliación de ese compromiso -originariamente bilateral- a otras formaciones políticas; la incorporación del PNV, cuyo alejamiento del Pacto de Estella bajo la presidencia de Josu Jon Imaz sea tal vez la única consecuencia positiva del periodo de tregua, resultaría imprescindible.

A partir de la resolución aprobada por el Congreso el 17 de mayo de 2005 sobre un eventual final dialogado de la violencia con ETA, el PP utilizó dos estrategias alternativas de confrontación con el Gobierno como si fuesen complementarias, saltando alegre y oportunistamente de una a otra sin respetar los hechos ni la lógica. La primera línea de ataque apuntaba contra la futilidad de las conversaciones del Gobierno con ETA a cambio de un engañoso alto el fuego: antes o después, la banda terrorista rompería la tregua tras aprovechar ese tiempo de respiro -como ocurrió entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999- para reorganizar sus fuerzas, crear nuevas infraestructuras y avituallarse de armas. Los hechos han dado la razón a esa primera hipótesis del PP, que no afecta necesariamente a las buenas intenciones del presidente del Gobierno -también Suárez, González y Aznar tantearon infructuosamente tal posibilidad-, pero que obliga a Zapatero a informar al Parlamento de las circunstancias de su fracaso.

El segundo eje crítico del PP denunciaba la traición del presidente Zapatero, ya cometida o en vías de ejecución: la amnistía de los presos, la anexión de Navarra al País Vasco, el vaciamiento del Estado de derecho y la independencia de la Gran Euskal Herria formarían parte del precio pactado con los terroristas. Pero los hechos muestran que esta segunda acusación es falsa. ETA justificó el atentado de Barajas como represalia contra una táctica negociadora del Gobierno que ponía "como tope" a las conversaciones en curso "los límites de la Constitución y la legalidad". También el último comunicado de la banda afirma que "no se dan las condiciones mínimas necesarias para un proceso negociador". El PP podrá criticar la futilidad del bienintencionado esfuerzo de Zapatero por buscar -como hicieron sus predecesores- un final dialogado de ETA; sin embargo, sería una mezquina bajeza que Rajoy siguiera acusando al presidente del Gobierno de traicionar la memoria de los muertos y la libertad de los vivos.