Cinco uniformes con incertidumbre

Cinco guardias civiles destinados en Andalucía viven con la inseguridad de perder su puesto de trabajo por pedir, de uniforme, más derechos para sus compañeros. Cada uno tiene abierto un expediente disciplinario por falta muy grave y han estado apartados cautelarmente de sus trabajos en Málaga, Córdoba y Cádiz durante tres meses. Mientras mandos militares examinan con lupa sus trayectorias y evalúan la gravedad de su comportamiento -que puede suponer desde la expulsión del instituto armado a la suspensión de empleo y sueldo un año- sólo les queda esperar a que termine la instrucción de su caso.

Han pasado casi seis meses después de la famosa manifestación en la plaza Mayor de Madrid que motivó los expedientes. En este tiempo, el Consejo de Ministros ha hecho caso de sus reivindicaciones aprobando dos proyectos de ley orgánica para un nuevo reglamento disciplinario y una ley de derechos y deberes, que se está tramitando en el Parlamento. A pesar de ello, los expedientes siguen su curso. Tres de los agentes han vuelto a sus puestos de trabajo y dos están de baja por ansiedad. "Nos la jugamos, pero por algo muy noble y muy digno", dicen.

"No me entra en la cabeza que nos puedan expulsar por defender nuestros derechos"

En los últimos años, los miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (Augc), organizadores de la concentración por la que expedientaron a 21 dirigentes de toda España, tienen la certeza de que los servicios de información de su cuerpo, aquellos que se encargan de investigar a los grupos terroristas, siguen sus movimientos. Muchos sospechan que tienen intervenido el teléfono móvil y algunos han visto archivos sobre sus vidas, con fotografías en las que se les ve en conferencias de prensa o protestas, además de informes sobre sus viajes o reuniones con otros miembros de Augc. Como saben que la cúpula observa cada una de sus reacciones, se esfuerzan para que su vida profesional sea modélica. Las recriminaciones les llegan por su labor asociativa.

Se puede decir que Juan Antonio Delgado, miembro de la patrulla rural de Conil (Cádiz) y secretario nacional de comunicación, es todo un veterano en cuestión de expedientes. "Me han abierto ocho y todos por ejercer el derecho a la libertad de expresión", resume. Los anteriores han terminado archivándose. A pesar de su experiencia, Delgado ha sentido éste con "más fuerza" porque su gran difusión ha inquietado a familiares y amigos.Delgado es la voz de los 26.000 afiliados que Augc dice tener en todo el país, algo que tiene muy presente, aunque le toque hablar de su caso personal. "No me entra en la cabeza que nos puedan expulsar por defender nuestros derechos, pero si me echan, primero lucharía, después... tengo dos manos".

A Alfonso Carrasco, el delegado de Augc de Córdoba, le faltan dos años para jubilarse. Con una hoja de servicio "muy buena", 32 años en el cuerpo y verdadera devoción por auxiliar al ciudadano, reconoce que el expediente sería un triste broche a su trayectoria profesional. Carrasco trabajaba en el departamento de estadística de la Comandancia de Córdoba, aunque ahora se encuentra de baja por depresión. Fuentes de la asociación mantienen que ha sufrido un claro acoso laboral por parte de sus superiores, aunque añaden que se trata de algo muy difícil de demostrar. En la declaración, con motivo del expediente, uno de sus jefes mantuvo que "rehuía la presencia de los mandos" y que "se reunía con miembros de la asociación", según fuentes consultadas.

El delegado de Cádiz, José Encinas, no ha llegado a incorporarse a su puesto en el destacamento de Tráfico de Algeciras debido a la "ansiedad y el estrés" que le ha ocasionado la apertura del expediente. En mayo supo que uno de los agentes expedientados de Madrid se enfrenta a una petición del auditor de un año de suspensión de empleo y sueldo, y el médico le aconsejó que no trabajara en tal estado de nerviosismo. Encinas lleva 15 años en la Guardia Civil y es su primer expediente. Como la mayoría de sus compañeros ha pasado por numerosas ciudades -Toledo, Sevilla, Barcelona- hasta fijar su residencia en Algeciras. "Con que me impongan seis meses de suspensión de empleo y sueldo ya pierdo el destino. Tendría que coger la maleta y dejar a mi mujer, que tiene contrato fijo, y a mi hijo aquí. Es lo que más me costaría, aunque por encima de todo está la expulsión". El delegado de Málaga, Antonio Gaspar, está en una situación similar. La hipotética pérdida de su puesto de trabajo, en el Puerto de Málaga, le hace pensar en su mujer y sus hijos, además de en fórmulas para pagar la hipoteca de la vivienda familiar.

La provincia de Cádiz, con tres expedientados, concentra el mayor número de líderes de Augc. En ella también trabaja Alberto Moya, secretario nacional de Asuntos Jurídicos, destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras.

Todos tienen una gran vocación por sus trabajos y quieren ser artíficesde un cambio que adapte a la Guardia Civil a la sociedad actual. "Los expedientes son como medallas, el que más tiene es el que más ha luchado por los derechos que los demás ya tienen", señala Delgado. "Nos gusta la Guardia Civil, pero otra Guardia Civil".