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Tribuna:LOS DERECHOS DE LOS MENORES

Padres maltratados por sus hijos

Es de suponer que la mayor parte de nuestros jóvenes, si a ellos llegare la noticia de que alguno de sus padres o ambos han sido objeto de malos tratos, no sólo reaccionarían con indignación sino que tendrían la tentación de hacerlo violentamente contra los autores del ultraje, siendo su buena educación, lo que en todos los jóvenes por desgracia no se da, la que impediría caer en la misma, confiando en todo caso en los jueces que a buen recaudo pondrán a los autores si estos son conocidos, lo que igualmente por desgracia no siempre ello acontece.

Más me lleva a escribir estas líneas, esperando así contribuir a transmitir al lector el mensaje que pretendo, no el hecho de existir jóvenes entristecidos por las agresiones cometidas contra sus padres, sino que existan jóvenes maltratadotes de sus entristecidos procreadores.

Es el caso que, según las estadísticas revelan, el maltrato de hijos a padres está creciendo de forma alarmante, según se desprende de los datos ofrecidos en una reunión de expertos que ha tenido lugar en el rectorado de la universidad de la capital de la Costa del Sol y que han analizado en profundidad la reforma última de la ley de responsabilidad penal del menor.

La subida de este tipo de delitos es general en toda España, sobre todo en las grandes capitales, lo que igualmente sucede en Andalucía. En Málaga, por ejemplo, ciudad en la que existen tres juzgados de menores, en cada uno de ellos se han conocido cien casos de esta naturaleza durante el pasado año. Es decir, trescientos, cuyo número es en verdad preocupante. La reforma que mencionábamos de la ley que regula la materia, tiene ardientes defensores ante el aumento de los delitos que los menores llevan a cabo, causando alarma entre determinados sectores, aplaudiendo el endurecimiento de las medidas que se les puede aplicar, frente a quienes sostienen que esa reforma no ha obedecido sino a las presiones de esos sectores y que no contribuirá la misma a recuperar al menor para la sociedad.

No seré yo quien dogmatice sobre la cuestión, eterna siempre, ni si a estas alturas se debe afirmar si la reforma será o no positiva. Es lo, a mi juicio adecuado, si se tiene en cuenta que lleva sólo unos meses en vigor. Ha de concederse pues un tiempo prudencial para que, transcurrido el mismo, podamos afirmar tras su aplicación flexible por los jueces, si la misma contribuye positivamente al tratamiento del menor. Si los derechos de las víctimas merecen siempre la mayor protección, no ha de olvidarse que el objetivo fundamental de una ley del menor, conforme a las normas internacionales por la que esta materia se rige, siempre ha de estar presidido por el interés del menor y su carácter reeducador. Si esto último no tuviere lugar, me alinearé entonces con los que pidan otra reforma para velar por ese sagrado principio. Mientras tanto dejemos que los jueces cumplan con la función que tienen encomendada.

Pero dejando a un lado la problemática general y centrándonos en los padres maltratados por sus hijos, partiendo de los datos malagueños, hemos de preocuparnos por las causas que pueden motivar tan penosa actitud. En primer lugar, frente a los que con criterios clasistas achacan este tipo de conductas a quienes proceden del mundo de la marginación, se nos dice que también en Málaga cometen estos delitos los menores de las clases más privilegiadas que, al parecer, también saben maltratar a sus padres. Y es que, estos delitos, como cualesquiera otros, no sólo son un problema familiar y político, sino también social. Es de todos y no únicamente de los afectados.

Una de las medidas -hay otras, por supuesto- que se podrá aplicar a esos menores es la de alejamiento. No sé por ahora, repito, si será positiva, pero no deja de ser triste que haya de aplicarse para separarlos de sus progenitores. Lejos de mi ánimo está el defender posturas demagógicas. Al menor que comete un delito ha de aplicársele la ley, pero siempre con gran flexibilidad y pensando siempre en su interés.

Para prevenir, la educación es fundamental. Primero en la casa del menor. Los padres han de saber qué vida llevan sus hijos, qué amistades tienen, qué conductas observan en ellos y han de saber, llegado el caso, corregirlos a tiempo. Han de estar en relación continua con los maestros y con los servicios sociales que han de fomentarse por los poderes públicos. Ese diálogo brilla en ocasiones por su ausencia. En no pocos casos, quién sabe, habrán maltratado antes que a sus padres a ancianos en la calle, a indigentes, a inmigrantes, a todo el que les moleste.

De otro lado, muchas películas que pueden presenciarse en salas cinematográficas o en televisión, no son sino una continua apología de la violencia y, de otro lado, sobran en nuestra sociedad, malos modos, malas formas, mala educación en definitiva, incluidos algunos políticos que debieran siempre dar ejemplo en sus comportamientos.

Muchas, muchas cosas fallan a la hora de recibir su educación nuestros niños y jóvenes. Unas veces fallan los propios padres, otras algunos maestros, otras algunos políticos, otras algunos medios de comunicación, que como norte tienen el insulto, el improperio y los malos modos. Mientras tanto veamos con preocupación la conducta de estos jóvenes, sean malagueños o de otro lugar de Andalucía o de España. Triste, muy triste todo esto, al comprobar que tales conductas, así como los malos ejemplos, van in crescendo. Sí, muy triste.

Juan José Martínez Zato fue vocal del CGPJ y teniente fiscal del Tribunal Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de junio de 2007