El Gobierno recurre las restricciones a los consejeros por limitar la libertad de expresión
La Junta Electoral de Málaga rechaza el recurso del PSOE y prohíbe presentar proyectos en Marbella
La batalla de Marbella se está librando en las últimas horas ante los jueces. La decisión de la Junta Electoral de Zona de Marbella de reclamar a los miembros del Gobierno andaluz que se abstengan de participar en cualquier "rueda de prensa o comparecencia" del candidato del PSOE, Paulino Plata, para presentar "logros, proyectos o realizaciones" del Gobierno andaluz ha creado una agria polémica. La Junta Electoral de Málaga rechazó ayer un recurso del PSOE de Marbella contra esta decisión. Por su parte, el Ejecutivo autonómico se personó en el caso y argumentó que las restricciones impuestas a los consejeros limitan su libertad de expresión.
La Junta cree que la decisión limita la participación política de los consejeros
El PP pretende que las limitaciones se extiendan a toda la provincia de Málaga
Consejeros sí, pero no para hablar de su labor en el Gobierno regional. Ésta es la clave de la resolución que dictó ayer la Junta Electoral de Málaga para intentar aclarar la decisión del órgano electoral de Marbella. Lo hizo después de una semana en la que se ha interpretado de forma muy rigurosa una prohibición que sorprendió el pasado martes al PSOE de Marbella, y que, de momento, no afecta al resto de municipios de la provincia. Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente, participó ayer en un acto del PSOE de Antequera y la de Justicia, María José López, en otro en Estepona.
La Junta Electoral de Málaga reconoce la "libertad" de los consejeros para participar en la campaña de Marbella, pero dejan claro que no pueden hablar ni de proyectos, ni de logros ni de realizaciones de la Administración autonómica.
Ante esta decisión, el Gobierno de Manuel Chaves salió ayer en defensa de la participación política de los consejeros en la campaña electoral, por lo que se presentó como parte interesada en el procedimiento abierto por la Junta Electoral de Málaga a una petición del PP. Los populares reclamaron al órgano electoral que las restricciones impuestas a los consejeros de la Junta para participar en la campaña de apoyo a Plata se ampliasen al resto de la provincia.
Tres son los argumentos alegados por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. El Gobierno entiende que la Junta Electoral de Zona de Marbella basa su decisión en la ley autonómica de Publicidad Institucional, la cual prohíbe actos publicitarios financiados con dinero público, pero que esta ley no puede afectar a un partido ni a sus militantes. Según informó la Oficina del Portavoz del Gobierno, los consejeros de la Junta acuden a los actos de campaña, organizados por el PSOE, como afiliados a esta organización y "limitar su libertad de expresión" implica también limitar su participación política.
En el escrito, el Ejecutivo autonómico apunta que si al final prevalece el criterio restrictivo, éste debe extenderse a todas las autoridades públicas y no sólo de la Junta de Andalucía. "Carece de sentido que a un consejero que no comparece en estas elecciones se le impongan una restricciones y a un alcalde que sí se presenta a los comicios sí pueda hacer balance de gestión y anunciar proyectos. Es una contradicción".
Ante la decisión que adopte la Junta Electoral de Málaga sobre las limitaciones a los consejeros en el conjunto de la provincia cabe recurso ante la Junta Electoral Central y, llegado el caso, al Tribunal Supremo.
En su recurso inicial, el PP pedía que se iniciara un expediente sancionador contra cuatro consejeros, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y responsables de la Empresa Pública de Puertos y de la Empresa Pública de Paradores de España "por presunta comisión de infracción electoral". La Junta Electoral de Marbella rechazó incoar estos expedientes.
El secretario general del PSOE y presidente de la Junta, Manuel Chaves, tiró ayer de ironía para referirse a las medidas adoptadas por las juntas electorales. En un el acto electoral celebrado en el Casino de Los Artesanos de Écija, municipio sevillano de 40.000 habitantes, en el que el PSOE gobierna en coalición con IU, se hizo eco de la siguiente manera sobre la polémica. "Ahora ya no sé si puedo hablar como secretario general o como presidente de la Junta", afirmó Chaves al inicio de su intervención, informa Efe.
Dirigiéndose al alcalde de Écija y candidato del PSOE a la reelección, Juan Wic, el presidente de la Junta dijo: "Juan, tú eres del PSOE, yo también; tú y yo tenemos el mismo proyecto para España, para Écija y para Andalucía ¿Puedo decir que mi proyecto es tu proyecto?". El líder de los socialistas andaluces advirtió a la derecha de que "por mucha crispación que intente provocar" en el debate de la campaña electoral, no va a poder "tapar" los proyectos realizados por los alcaldes de su partido "ni lo que ha hecho la Junta".
Por su parte, el presidente del PP, Javier Arenas, criticó el "comportamiento antidemocrático" que, a su juicio, el PSOE y la Junta están demostrando durante la campaña al poner "verde" e intentar "echar un pulso" a las juntas electorales, que se están pronunciando en contra de los "abusos" de los socialistas.
LA DECISIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE MARBELLA
"Requerir a todos los miembros del Consejo de Gobierno (...) para que se abstengan de participar en cualquier rueda de prensa o comparecencia pública (...) con Paulino Plata (...) que tenga por objeto la presentación de proyectos, logros o realizaciones competencias de la Junta de Andalucía hasta el próximo 28 de mayo".
"Ningún cargo político o funcionario dependiente de alguna consejería o empresa pública dependiente de la Junta" podrá participar en la presentación de logros o realizaciones.
EL RECURSO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La Junta entiende que no se puede apelar a la ley autonómica de Publicidad Institucional. Según la Junta, esta ley no afecta a un partido ni a sus militantes.
El Ejecutivo autonómico sostiene que los consejeros acuden a los actos de campaña del PSOE como afiliados y "limitar su libertad de expresión" implica también limitar su participación política.
Afirma que, si se aplica, el criterio debería extenderse a todas las autoridades públicas y no sólo a las de la Junta.
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