El cerebro de la trama de Irún creó todas sus empresas tras iniciar los cobros ilegales

El ex director de la Hacienda de Irún José María Bravo, considerado el cerebro de una trama que estafó al menos cinco millones de euros a las arcas forales, creó a partir de 1997 un importante entramado empresarial, tras iniciar un año antes la apropiación de fondos procedentes de supuestos cobros ilegales cometidos en la oficina tributaria. El principal imputado del caso figura como administrador de más de una docena de sociedades mercantiles,que, según la denuncia del fiscal, fueron utilizadas para recibir y blanquear el dinero que recaudaba a contribuyentes morosos.

El informe resumen remitido por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, encargado de investigar la presunta trama de la Hacienda de Irún, considera probado que José María Bravo comenzó a reclamar el pago de deudas a contribuyentes en el año 1996. Hasta esa fecha, el ex director de la oficina tributaria de Irún, figuraba como administrador de una sola empresa, Correduría Urdanibia SL. Es partir del momento en que comienza a operar la red de cobro ilegal cuando el cerebro de la red fraudulenta empieza a crear un entramado empresarial formado por más de una docena de sociedades.

Estas firmas constan en la acusación del fiscal como los instrumentos que utilizaban los imputados "para el aprovechamiento de los efectos del delito". En la casi totalidad de estas compañías aparece como titular José María Bravo junto a su esposa, María Rosa Cobos Crespo, y en algunas con Pilar Gracenea y Pedro María Atristain. Estas cuatro personas han sido imputadas por la juez por los presuntos delitos de estafa, malversación de fondos, falsedad de documento oficial y blanqueo de capitales.

El ministerio público sitúa a José María Bravo al frente de la red de cobro de deudas fiscales de contribuyentes, que luego nunca eran ingresadas en la Hacienda foral. Así lograron apropiarse hasta 2003 de más de un millón de euros y detraer de las arcas forales la suma de "al menos" tres millones de euros. La Diputación guipuzcoana, que ha continuado con la investigación de expedientes irregulares tramitados en la delegación tributaria de Irún, ha elevado esta cantidad hasta los cinco millones de euros.

José María Bravo aparece en las investigaciones del fiscal como la persona que se dedicó a recibir la gran parte de los pagos realizados por los deudores. Para "encubrir la ilícita procedencia del dinero" y aprovecharse de estas sumas, la trama ingresaba los fondos en cuentas corrientes a nombre de José María Bravo y de su esposa, y se valía de numerosas propiedades para el mismo fin.

Hotel de lujo

Durante el periodo en que funcionó la red de extorsión y cobro de deudas, José María Bravo fue aumentando de forma notable su participación en sociedades mercantiles, a las que presuntamente desviaba los fondos que no ingresaba en la Hacienda foral. En febrero de 1997 constituyó la empresa Sociedad Inmobiliaria Urdanibia SL, y un año después Ius Local SL, dedicada al asesoramiento jurídico.

El cerebro de la red creó en noviembre de 2002 la sociedad Hotel Túnel del Hada SL, un establecimiento de lujo situado en el municipio de Jerte (Cáceres) y entre los años 2004 y 2006 consigue fundar al menos ocho sociedades más, la mayoría dedicadas a la promoción inmobiliaria, a la edificación de obra civil y a la gestión de seguros..

José María Bravo es el propietario de numerosas fincas -unas a su nombre, otras pertenecientes a empresas de las que es socio- ubicadas en Jerte, Ávila, Marbella, Jaca (Huesca) y Guipúzcoa. En una de las ubicadas en Jerte comparte la propiedad con su hermano Víctor, director de la Hacienda guipuzcoana entre 1991 y 2003 y hasta el lunes senador del PNV. Esa finca también es propiedad de Arantza Arbelaitz, la segunda esposa de Víctor Bravo, que fue presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Hacienda foral entre 1993 y 2003 y hoy ocupa un alto cargo en el Departamento de Industria del Gobierno vasco. Los hermanos Bravo también son copropietarios de las sociedades Ekialde SL y Roza Cabera SL.

Durante todo el periodo en que se llevaron a cabo estas actividades a espaldas de la Diputación, José María Bravo estaba sometido al régimen de incompatibilidades regulado por la Ley 32/1983, aprobada por el Parlamento autonómico. En su artículo 2, la norma prohíbe a los funcionarios ejercer "las actividades, cualesquiera que sea su naturaleza, que impidan o menoscaben el estricto incumplimiento de los deberes propios del cargo... o perjudiquen los intereses públicos". El artículo 7 establece que el personal funcionario no podrá compatibilizar su cargo con el asesoramiento y pertenencia a consejos de administración de empresas privadas directamente relacionadas con el organismo en que presta sus servicios.