El folio arrugado

No sé si alguna vez han pensado en ello, pero cuando haces una pelota de papel con un folio, después resulta imposible devolverlo al estado original. Dependiendo de los esfuerzos que se hagan, humedecerlo, ponerle libros encima, etc., quedará más o menos liso, pero siempre se notarán las arrugas producidas por los pliegues.

Las sospechas vertidas por el ex director general de la Policía y eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, acerca de una supuesta manipulación de un informe policial para hacer desaparecer del mismo los hipotéticos vínculos entre la banda terrorista ETA y los islamistas autores de los atentados dejaron unas arrugas en la credibilidad del proceso equiparables a las del papel arrugado. Parecía que las dudas siempre iban a estar ahí.

Porque Díaz de Mera había dicho en el juicio que una fuente policial, seria, profesional y responsable -lo que a sensu contrario quiere decir que el que diga lo contrario sólo trata de ocultar la verdad o de cumplir las órdenes del mando, lo que presupone que el mando también quiere ocultarla- le había informado de que el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio, había encargado un dictamen sobre posibles conexiones entre etarras e islamistas con referencia al 11-M. La encomienda, según el relato del europarlamentario del PP, habría recaído en un gran conocedor de la lucha antiterrorista, el comisario Domingo Pérez Castaño, que además de reseñar las relaciones entre yihadistas y etarras, apuntaba vías de investigación que se debían seguir.

Pero Díaz de Mera aseguraba que, según su fuente, a Rubio no le había gustado el contenido del informe y tras prescindir de los servicios de Pérez Castaño, lo había trasladado al País Vasco. Al mismo tiempo, reasignó el informe al comisario José Cabanillas, quien habría eliminado las referencias a las conexiones e investigaciones a seguir y, finalmente, lo habrían redactado otros dos funcionarios.

Mentir para salvarle

El tribunal exigió a Díaz de Mera conocer la fuente de su conocimiento, pero inicialmente éste se negó, lo que le acarreó una sanción de 1.000 euros y la apertura de un proceso por delito de desobediencia al tribunal. El europarlamentario, acuciado por la justicia y su partido, finalmente apuntó al comisario Enrique García Castaño como su fuente.

Y ahí pasaron dos cosas. La primera, que la supuesta fuente negó no sólo la mayor, sino todas. García Castaño declaró en el juicio que nunca había contado nada de eso a Díaz de Mera, sencillamente porque es falso. Agregó que éste le había telefoneado varias veces pidiéndole ayuda, invocando la amistad que les une, para solucionar su papeleta tanto ante su partido como ante el tribunal y que él le había respondido que no podía mentir para salvarle. Además, aseguró que el informe al que aludía no estaba oculto ni destruido, como sugería Díaz de Mera, sino incorporado al sumario.

Y la segunda, que el comisario Domingo Pérez Castaño, al conocer la declaración del eurodiputado popular, envió una carta a este diario en la que negaba que hubiera sido presionado, que hubiera habido cambios en la orientación del informe o que hubiera dejado la Unidad Central de Inteligencia (UCI) por ese asunto. No había sido depurado, sino que había solicitado el cambio de destino el 9 de diciembre de 2005, antes de que le encargaran el dictamen, lo que ocurrió el día 12, y el informe, elaborado por dos funcionarios de la unidad, se entregó el 15. Tampoco fue trasladado al País Vasco. Está destinado en la castiza comisaría de La Latina.

Pero Díaz de Mera solicitó un careo con su supuesta fuente, sabiendo que como testigo que ya ha declarado no podía hacerlo, pero dando a entender que en una confrontación directa con su supuesta fuente, saldría vencedor, lo que añadía nuevas dudas. El tribunal, rechazó el careo por innecesario y destacó que había otros medios de contrastar la veracidad de la información.

En eso estábamos, cuando la semana pasada llegó Cabanillas con la plancha y lo alisó todo como si el folio lo acabaran de fabricar. Este comisario destinado en la UCI desde hace dos años y medio aseguró que no recibió instrucciones para manipular informe alguno con el fin de ocultar supuestas relaciones entre etarras e islamistas. "Ni yo lo hubiera admitido", puntualizó. Respecto al informe "Hipotéticos vínculos entre ETA y el 11-M", al que se refería Díaz de Mera, Cabanillas explicó que lo realizaron los dos jefes de sección de la UCI especialistas en ETA. Él, como responsable, sólo se encargó de remitírselo al juez del Olmo como uno más de los muchos dictámenes que se requirieron a su unidad. Añadió que él no participó en su elaboración porque sus conocimientos sobre ETA son limitados: "Yo no me atrevería a hacer ese informe, sería una osadía por mi parte". A preguntas del letrado Gonzalo Boyé, el comisario destacó que su grupo tenía "total libertad" para hacer el informe y precisó que no le constaba "el más mínimo condicionamiento". El agente que defendía con él la pericia, asintió.

El informe en cuestión constata que hubo contactos esporádicos entre etarras e islamistas en las cárceles lo mismo que con otros reclusos y que, como el papel escasea en las prisiones, algunos yihadistas habían utilizado como mantel ejemplares del diario de la izquierda abertzale Gara recibidos por algún preso etarra, pero nada más. La conclusión, que no hubo ninguna relación de ETA con el 11-M.

Como con su tradicional sorna dice el grupo humorístico musical argentino Les Luthiers: "No sólo es verídico, es que además es la verdad". El folio, impoluto.