60.000 euros de fianza al alcalde de Xàbia por un presunto delito urbanístico

El actual alcalde de Xàbia (La Marina Alta), Eduardo Monfort, y aspirante a reeditar su puesto por Bloc-Centristes; su antecesor en el cargo, Juan Moragues, de nuevo candidato por el PP; la presidenta de la Cruz Roja local, Antonia Sebastià, y ocho concejales que formaron parte de la Corporación en el año 1997, han tenido que depositar una fianza de 60.000 euros cada uno para seguir en libertad acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Eduardo Monfort, además, acumula a este cargo el de falsedad en documento público.

Laura Alabau, titular del juzgado número 3 de Dénia, fue más allá de la petición del fiscal y el pasado 23 de marzo dictaba un auto de apertura de juicio oral contra el alcalde y todos los concejales que formaban parte de la comisión de gobierno y de servicios del Ayuntamiento de Xàbia entre julio y noviembre de 1997. La magistrada amplió la petición del Ministerio Fiscal, que en febrero de este año sólo pedía la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, interesando el sobreseimiento respecto del delito de falsedad.

Alabau ha decretado además una indemnización de 120.000 euros para los dos vecinos que denunciaron los hechos y que forman parte de la acusación particular, José Corbín y José Salva, en concepto de responsabilidad civil, que deberá ser abonada por los integrantes de la Comisión de Servicios, que se celebró en julio de 1997 que presidía Eduardo Monfort, por entonces socio de gobierno del entonces alcalde Juan Moragues.

Corbín y Salva denunciaron en su momento que Afinsa, empresa propietaria del aparthotel El Rodat estaba abusando de la licencia inicial y "estaba vendiendo apartamentos a terceros para uso residencial particular". Los querellantes sostenían que se estaba infringiendo el plan parcial del proyecto y el PGOU, utilizando la normativa de tolerancia hotelera que no cuenta los espacios comunes, por lo que se aprovechaban más metros cuadrados para edificar sin base legal.

Afinsa, según el fiscal, había modificado su proyecto inicial y había construido dos módulos comunes más destinados a congresos y fitness y un total de 93 chalets con el propósito de venderlos a particulares, publicitándolos con carteles de venta, pese a que carecían de licencia para ello. La comisión de servicios municipal se reunió y concedió los permisos "a sabiendas", según la fiscalía, de que se estaba infringiendo el plan general y pese a que el aparajedor municipal había advertido de la ilegalidad.

Sin embargo, en el acta oficial de la comisión de servicios no se hace referencia alguna a los 93 chales independientes, sino que únicamente se otorga licencia de actividad al módulo común, la sala de congresos y el gimnasio, y se lee que "según el arquitecto municipal se permite la edificabilidad al ajustarse a las determinaciones del plan parcial y del PGOU y cuenta con los informes técnicos oportunos".

Esta acta de la comisión municipal fue votada por unanimidad por los ediles que allí se encontraban presentes Eduardo Monfort, Jaime Soler, Francisco Mestre, Vicenta Mata, Vicenta Ribes y en la oposición Josep Segarra y Pascual Codina.