Mayol lamenta que los inmigrantes no voten el día 27
"Es inaceptable que tengamos una democracia amputada", afirmó ayer la alcaldable por ICV-EUiA, Imma Mayol, consternada por el hecho de que en las elecciones del 27 de mayo 84.000 inmigrantes legalizados en Barcelona no puedan acudir a las urnas. Mayol responsabilizó a CiU y a los socialistas en el Congreso y su "miedo a la derecha y al PP" de impedir que el Congreso admitiera a trámite una propuesta de ley de ICV-EUiA.
De la misma forma, culpó al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona de no haber facilitado un consenso entre todos los grupos municipales en políticas de inmigración durante el último mandato.
La cabeza de lista consideró "falso" que los inmigrantes tengan un trato de discriminación positiva en Barcelona por recibir más ayudas económicas. "Los servicios están dirigidos a todos los ciudadanos, y lo que hemos hecho es aumentar los recursos" con el fin de llegar tanto al colectivo extranjero como al autóctono. Para la candidata ecosocialista no es posible lograr una integración social del colectivo inmigrante si no se aseguran antes sus derechos políticos y sociales.
Siendo alcaldesa accidental, Mayol sufrió en propia piel en agosto de 2001 la experiencia de tener que expulsar a 120 subsaharianos que vivían desde hacía tres meses en la plaza Catalunya.
Por la mañana, Mayol presentó sus propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas que viven en Barcelona. La alcaldable aseguró que Barcelona es "la ciudad de Europa con mayor nivel de accesibilidad", si bien admitió que el metro sigue siendo la gran asignatura pendiente. "En dos años tendremos 37 nuevas residencias para discapacitados", dijo, atribuyendo a este logro la coincidencia de un gobierno de izquierdas en la Generalitat y en el Ayuntamiento. La ampliación de la atención domiciliaria y del servicio de teleasistencia a 50.000 usuarios fueron sus propuestas.
Una veintena de jóvenes boicoteó ayer en Vilanova i la Geltrú un acto electoral de ICV en el que participó su presidente, Joan Saura. El colectivo pedía la libertad de Núria Pòrtulas, acusada de terrorismo, informa Pere Lobato.
