El CAC prohibió el año pasado la emisión de 26 campañas propagandísticas de las administraciones

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) prohibió el año pasado la emisión por radio y televisión de 26 anuncios de organismos públicos catalanes al considerar que su contenido era propagandístico y no meramente informativo. El CAC vetó la difusión de ocho anuncios a la Diputación de Lleida, seis al Ayuntamiento de Barcelona y tres al de Granollers, entre otros. Además, el organismo ha incoado 28 expedientes sancionadores por la emisión de publicidad no autorizada, de los cuales 18 han sido archivados.

El presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, compareció ayer en el Parlament para explicar el contenido del informe sobre las campañas publicitarias promovidas en 2006 por las diferentes instituciones catalanas. Según establece la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, todos los organismos públicos deben solicitar una autorización previa al CAC para analizar su contenido y si éste cumple los requisitos establecidos en la norma.

En 2006, el CAC verificó un total de 439 "formas publicitarias" o anuncios, de los cuales fueron autorizados el 85% y denegados el 5,9%. El resto no necesitaron el visto bueno de este organismo.

La Generalitat, con 202 anuncios, fue la Administración que más solicitudes envió, seguida de los ayuntamientos de Barcelona (75), Granollers (36), la Diputación de Lleida (12), el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (10) y la Diputación de Barcelona (7). El único consejo comarcal que emitió alguna campaña fue el del Tarragonès, que pidió seis autorizaciones. Además de estos organismos, también figura el Consejo Nacional de la Juventud de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y el Consorcio de la Zona Franca.

Pese a que la Generalitat es, con mucho, la Administración que emite un mayor número de campañas, el CAC sólo consideró que dos anuncios infringían la legislación catalana. En cambio, prohibió la emisión de ocho espacios a la Diputación de Lleida, seis al Ayuntamiento de Barcelona, tres al de Granollers, uno al de L'Hospitalet y al de Vilafranca del Penedès, dos al de Mataró y al Consejo Nacional de la Juventud, y uno a TMB.

La mayoría de prohibiciones se debieron a que estas campañas no eran informativas, sino propagandísticas, como por ejemplo para destacar la gestión realizada por la Administración. Otros anuncios se vetaron porque debían emitirse en periodo electoral, es decir, durante la pasada campaña del referéndum del Estatuto.

Como consecuencia de estas prohibiciones, el CAC ha incoado un total de 28 expedientes sancionadores, bien porque la Administración emitió los anuncios pese a la prohibición o porque no pidió la correspondiente autorización a este organismo. Otros expedientes se abrieron por la emisión de publicidad institucional en campaña.

En su comparecencia parlamentaria, Carbonell propuso que otro organismo "específico e independiente" sea el encargado del control global de la publicidad institucional incluyendo todos los soportes, no sólo el audiovisual. Carbonell informó de que el organismo que preside es el único en su ámbito que actúa de manera previa a unas emisiones.