¿Ilegalizar ANV o anular sus listas?
Expertos en derecho constitucional discrepan sobre la impugnación de candidaturas 'contaminadas'
¿Es jurídicamente aceptable anular las listas de un partido legal para impedir que Batasuna se presente a las elecciones? Si se entiende que una formación política, aunque repudie la violencia, no es más que un disfraz de un partido ilegal, ¿por qué la Fiscalía General del Estado sólo intenta tumbar la mitad de sus candidaturas y no todas? ¿Y por qué se elige esa vía en lugar de ilegalizar directamente el partido?
Seguramente, una encuesta a pie de calle pondría de manifiesto que la impugnación de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) suscita opiniones de todo tipo. En el ámbito académico sucede lo mismo: los expertos en derecho constitucional consultados por este periódico tampoco se ponen de acuerdo a la hora de valorar la maniobra que persigue apartar a Batasuna de las instituciones. Todos ellos expresaron su opinión antes de que el Tribunal Supremo, tras la deliberación más larga de su historia, anulara las 133 listas impugnadas.
- Juan José Solozábal (Universidad Autónoma de Madrid). Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional en la Autónoma, está de acuerdo con la actuación de la Fiscalía. "Las listas se pueden impugnar en la medida en que integren a miembros conspicuos de Batasuna", es decir, candidatos vinculados de manera relevante con la formación ilegalizada. Pero sólo cuando haya evidencias de que tal relación existe: "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional insiste en que debe haber pruebas sólidas para demostrar que ANV está instrumentalizada". Solozábal está de acuerdo en que, a dos semanas de las elecciones, no hay tiempo para forzar un proceso de ilegalización de ANV. "Otra cosa", añade el catedrático, es la "posibilidad" de intentarlo a posteriori: "Evidentemente, habrá que ver cómo actúan los concejales electos y qué autonomía tienen en sus decisiones, por ejemplo a la hora de condenar la violencia".
- Javier García Roca (Universidad Complutense de Madrid).
Este catedrático de la Complutense está de acuerdo con su colega de la Autónoma: tanto el Gobierno como la justicia deben actuar "de manera proporcionada". En el caso de ANV, los "indicios" de que el partido ha sido fagocitado por la formación liderada por Arnaldo Otegi se basan "en el número de candidatos vinculados a Batasuna" que aparecen en sus listas "y en su relevancia". Pese a que la decisión de no impugnar todas las listas haya encrespado al PP, García Roca cree que la Fiscalía ha sido prudente: "Está en juego un derecho fundamental, el del sufragio pasivo. No se puede impugnar una candidatura sin pruebas". Aunque el fin de acabar con la violencia "sea muy legítimo", agrega el experto, "que Batasuna esté ilegalizada no implica que se prive a sus votantes del derecho a presentarse a las elecciones".
- Eduardo Vírgala (Universidad del País Vasco). Los recursos contra las candidaturas de ANV, asegura Vírgala, "están mal hechos" porque tanto la Ley de Partidos como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General permiten impugnar la lista de una agrupación de electores, pero no las de un partido político. "Si se entiende que está siendo utilizado por Batasuna, habría que acudir a la vía de la ilegalización", señala Vírgala, en consonancia con la mención que, en ese mismo sentido, hace el auto del Supremo sobre el procedimiento a seguir.
- Javier Tajadura (Universidad del País Vasco). Tajadura comparte los argumentos de su compañero de departamento en la UPV. Y añade que el Gobierno podría haber iniciado el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca para dar pie a que los tribunales, "como medida cautelar", suspendieran sus candidaturas. ANV, un partido con 77 años de historia, "no puede considerarse como sucesor de Batasuna", pero sí puede estar siendo "utilizado" por la formación ilegalizada. "Lo que es una incoherencia es decir que Batasuna ha fagocitado unas candidaturas y otras no", matiza.
- Miguel Pérez-Moneo (Universidad de Valladolid). "Lo más adecuado jurídicamente", subraya Pérez-Moneo, sería que el Supremo, "si considera que hay un fraude de ley", hubiese impedido que ANV concurra a las elecciones por la vía de la ejecución de la sentencia que en su día ilegalizó a Batasuna. En el caso del procedimiento que ha escogido el fiscal, la impugnación de candidaturas, Pérez-Moneo observa que es imprescindible "analizar cada una de las listas individualmente" para ver en cuáles concurren las causas que motivarían su exclusión. Impugnarlas todas, como reclamaba el PP, "tendría una finalidad distinta, ajena a este procedimiento", por muy incoherente que pueda parecer dar por válida la lista de Pamplona y no aceptar, por ejemplo, la de Vitoria. Sin embargo, Pérez-Moneo detecta una serie de dilemas en la actuación de la Fiscalía. Entre ellos, que ha obligado al Tribunal Supremo a estudiar en sólo dos días todas las candidaturas impugnadas. La situación demuestra, según el experto, que la Ley de Partidos "no solventa los problemas con los que pretendía acabar", y que se repetirán "cada vez que se convoquen elecciones".
- José Antonio Montilla (Universidad de Extremadura). Montilla defiende que la impugnación "es la solución más lógica", porque la ilegalización de agrupaciones herederas de Batasuna, como sucedió con Aukera Guztiak en 2005, "se ha aplicado hasta ahora sin demasiada dificultad". Pero el caso de ANV "es más problemático". El artículo 12 de la Ley de Partidos, incide el catedrático, establece unos criterios "difícilmente aplicables" a ANV, una fuerza que "no guarda una similitud sustancial" respecto a Batasuna en cuanto a estructura, organización y funcionamiento, y que rechaza la violencia en sus estatutos. "Es el mismo caso que el del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Un intento de intervenir a través de partidos pequeños, pero sin que se pueda decir que es una continuación". En este escenario, impugnar todas las listas hubiera cerrado las puertas a candidatos "que no tienen nada que ver con Batasuna, y que están ejerciendo un derecho fundamental". Con todo, y pese a juzgar como correcta la actuación del fiscal general del Estado, Montilla sigue teniendo dudas: "Si una persona se presentó hace años por Batasuna, ¿por qué eso imposibilita que concurra ahora por un partido que repudia la violencia?".
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