Tránsfugas con urbanismo al fondo

Los intereses del cemento están detrás de buena parte de las mociones de censura que provocan cambios de gobierno en los Ayuntamientos valencianos, propiciados en muchos casos por concejales tránsfugas que, a la postre, con su cambio de chaqueta y de voto, propician o facilitan algún negocio urbanístico. Unos 60 de los más de 500 alcaldes de municipios valencianos elegidos en las municipales de 2003 han cedido la vara de mando. Y 38 de ellos han sido víctimas de mociones de censura, 11 de las cuales prosperaron gracias a la colaboración de concejales tránsfugas. Las "fundadas sospechas" de que detrás de algunas mociones de censura pueda haber intereses urbanísticos ha justificado que la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo enviado a la Fiscalía Anticorrupción información sobre algunas de ellas, por si existieran hechos delictivos.

La Fiscalía Anticorrupción estudia algunas mociones de censura a instancias de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo

Los cambios en los gobiernos municipales han permitido que después algunos Ayuntamientos aprobaran planes urbanísticos polémicos

Los casos más llamativos de mociones de censura propiciadas por tránsfugas y que dejan entrever intereses urbanísticos se han registrado en la provincia de Alicante. En El Campello, apenas año y medio después de constituirse la Corporación, el protagonista fue el edil nacionalista Vicente Rubio, que se alió con el PP. Rubio, elegido en las listas del Bloc, integró inicialmente el tripartito de El Campello como concejal de Urbanismo. Sin embargo, el 30 de octubre de 2004 apoyó una moción de censura contra la entonces alcaldesa, la socialista Marita Carratalá, que dio el gobierno local al PP. Los populares mantuvieron a Rubio al frente del área de Urbanismo.El voto de censura se produjo dos semanas después de que Carratalá llevase a la Fiscalía de Alicante la gestión urbanística del Ayuntamiento en el anterior mandato, en manos del PP.

Tras prosperar la moción de censura, el Bloc expulsó a Rubio. Bajo su mandato al frente del área de Urbanismo se ha aprobado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que prevé aumentar el actual censo de 23.600 habitantes de El Campello hasta los 120.000 habitantes. La gestión de Rubio también ha estado envuelta en la polémica por un presunto trato de favor a una empresa de la familia del concejal en la concesión de una licencia de obra en los locales comerciales de los bajos de inmueble. La comunidad de propietarios ha trasladado los hechos la Fiscalía Anticorrupción. Rubio no ha atendido la llamada de este periódico.

Mientras, en Pilar de la Horadada la decisión del alcalde socialista Ignacio Ramos de paralizar un PAI que preveía 5.000 nuevas viviendas motivó que dos ediles socialistas, Josefa Meroño y Juan José Ortiz, se aliaran con el PP para desbancar al regidor. El voto de censura prosperó el pasado 11 de diciembre. El nuevo equipo de gobierno, presidido por José Fidel Ros, del PP, no dio luz verde al programa urbanístico ante la amenaza de expulsión lanzada por la dirección provincial de los conservadores. Los dos tránsfugas del PSPV se integraron en el nuevo gobierno local conservando sus anteriores delegaciones.

En Castellón, el caso de Benicàssim es el más llamativo, aunque la moneda que posibilitó la moción de censura no fue un tránsfuga sino un puesto de director general. El PSPV fue la lista más votada, pero logró el mismo número de concejales que el PP, los independientes de ARB lograron tres y el Bloc y EU, uno cada uno. El PP intentó pactar con los independientes, que exigieron la alcaldía. La dirección popular accedió, pero topó con los hermanos Asín, que se negaron a dar su voto al cabeza de lista de ARB, Manuel Llorca. Uno de ellos, Javier, abandonó su puesto en el Ayuntamiento a cambio del cargo de director general de Empleo de la Generalitat, pero su hermana Mari Carmen se mantuvo en su idea, lo que posibilitó el acceso a la alcaldía del socialista Francesc Colomer. Un año después Asín fue readmitida por el PP y votó la moción de censura a favor del independiente. El urbanismo también aparece en el decorado de la moción de censura, con el plan de Benicàssim Golf como principal argumento. Un PAI de más de dos millones de metros cuadrados que el Gobierno central ha amenazado con impugnar si el Ayuntamiento lo eleva para su aprobación a la comisión de Urbanismo de la Generalitat sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los recursos hídricos.

En Valencia, el caso más llamativo fue el de Nàquera, donde los intereses del cemento planearon sobre la moción de censura que en septiembre de 2003 encabezó el popular Ricardo Arnal contra su primo Francisco Arnal, del PSPV, que había sido elegido alcalde con el inesperado apoyo de Unión Valenciana. Pero los regionalistas cambiaron de opinión y secundaron la moción de censura. Poco después, el Ayuntamiento daba luz verde a uno de los polémicos planes urbanísticos proyectados años antes, el PAI del sector de Les Fontanelles, que prevé la construcción de 1.340 viviendas, hoteles y un campo de golf y con la urbanización de más de 1,5 millones de metros cuadrados, más de la mitad de monte público en el área de influencia de la Serra Calderona.

Muchos otros Ayuntamientos valencianos han vivido desde 2003 mociones de censura y cambios de gobierno con la participación de tránsfugas y con el urbanismo como trasfondo. Puçol, Benilloba, Cortes de Arenoso, Llaurí, Xàbia, Les Coves de Vinromà o San Fulgencio son algunos.

Esta información ha sido elaborada por María Fabra, Santiago Navarro y Juanjo García del Moral.